Aplazar la elección de gobernadores: una mala decisión

Jaime Lindh
Coordinador de Opinión Pública

Durante los últimos días algunas voces han sugerido la idea de postergar la elección de gobernadores regionales, debido que existen imprecisiones en su diseño. Ahora bien, más que aplazar la elección, es fundamental lograr alcanzar dichas precisiones, lo cual sí es posible hacer antes del 2020 dado el avance legislativo.

Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena recordar que el proceso descentralizador corresponde a un rediseño institucional, que va más allá de cuántos recursos se traspasan o no a regiones. En este sentido, uno de los criterios rectores del proceso debiese ser el incentivo que tendrá el nuevo gobernador electo. Al respecto, el nuevo marco institucional podría crear al 2020 dos escenarios: gobernadores preocupados de hacer lobby a nivel central tanto para recibir mayores recursos como apoyos políticos o gobernadores preocupados del desarrollo de su región. Es evidente que es socialmente deseable lo segundo. En consecuencia, la pregunta radica en qué aspectos están pendientes para lograr maximizar dicho escenario. A mi juicio, son los siguientes:

En primer lugar, hay que reducir los espacios de incertidumbre en cuanto a los criterios de traspaso y revocación de competencias, debido que actualmente la ley de fortalecimiento regional es ambigua. Por ejemplo, se estipula que una prestación deficiente de los servicios podría ser una razón por la que una región pierda una competenia traspasada. Pero, ¿qué es una prestación deficiente? ¿cómo se mide? ¿quién lo mide? Es fundamental que los reglamentos de la ley -que debiese publicarse a la brevedad por la Subdere- aclaren estos puntos.

En segundo lugar, hay que definir bien los criterios relativos a las transferencias de recursos. Es necesario -por un lado- crear un criterio objetivo y medible que explique las varaciones anuales del total de recursos a transferir. Hoy en día, esta decisión está sujeta al proceso político, como bien se apreció en las últimas semanas, en donde una de las principales disputas presupuestarias fue la relativa a inversión regional. ¿Usted se imagina los próximos años con 16 gobernadores electos peleándose con el gobierno central para aumentar un poco más el tamaño de la torta a repartir? El PIB tendencial es un buen candidato para aquello. Por otro lado, hay que minimizar la discrecionalidad en como se distribuyen los recursos entre regiones. En la actualidad, cerca de $300 mil millones son entregados sin un criterio claro de reparto. Si esto se mantiene, no será extraño ver a los futuros gobernadores cabildeando por algunos pesos más en la capital.

En tercer lugar, hay que construir un marco efectivo de rendición de cuenta, procurando mejorar -principalmente- los niveles de transparencia fiscal. Una mejor capacitación a los funcionarios que reportan la información presupuestaria y una fiscalización más efectiva por parte del gobierno central son medidas que apuntan en esta dirección. Además, es fundamental definir un marco estandarizado de rendición presupuestaria de modo tal de asegurar que la información recopilada sea útil y accesible para el escrutinio ciudadano.

Por último, hay que crear un incentivo lo suficientemente fuerte para que el gobernador electo promueva el desarrollo regional. Una alternativa podría ser que un porcentaje de lo recaudado a través del impuesto a la primera categoría quede en la región. Hoy por hoy, los ingresos regionales provienen casi exclusivamente de la “mesada” del gobierno central. De mantenerse así, es muy probable que el gobernador electo no tenga los incentivos suficiente para fomentar el crecimiento de su región, más aún, considerando que el actual sistema de transferencia entrega fondos en función de la vulnerabilidad del territorio. En contraposición, permitir que la región coparticipe en lo recaudado a través del impuesto a la primera categoría incentivaría al gobernador electo a buscar más inversión para su región. Y para hacer esto, no es necesario subir tasas ni aumentar el gasto fiscal.

Es cierto, existen varios clavos sueltos. No obstante, aplazar la elección del 2020 sería como ese alumno que busca “correr” la prueba en vez de estudiar. Al ejecutivo se le presenta una oportunidad única para liderar la etapa final de este proceso de descentralización, construyendo un diseño institucional que desincentive las malas prácticas – como el mal uso de los recuros público y el cabildeo político- e incentive correctamente al futuro gobernador electo a promover el crecimiento de su región y -por consiguiente- del país.

*Publicada en La Tercera el 22 de noviembre de 2018.