Ciudadanía pro-delincuencia

Pedro Fierro Zamora
Director de estudios de Fundación P!ensa

Noticias desagradables hemos recibido esta semana. Nuestra región de Valparaíso ha subido al tercer lugar del país de acuerdo a los índices de victimización dados a conocer por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2017), en un 27,4% del total de los hogares de la región, al menos un integrante habría sido víctima de delito en los últimos doce meses.

Si bien las cifras despiertan pasiones, fueron especialmente sugerentes las palabras de la diputada Flores, quien responsabilizaba por estas cifras a un “sistema garantista y pro-delincuentes”. En su visión, la gente tendría claro que “la justicia no está dando el ancho”, pues los delitos no estarían “siendo sancionados con la fuerza que deben serlo”.

Si bien la diputada acierta en parte de su diagnóstico –desconfianza ciudadana y una creciente sensación de que el sistema no responde–, sus sugerencias tienden a reducir y banalizar una problemática que es compleja y multidimensional.

En este contexto, la diputada parece dar en el clavo al poner su foco en las actitudes ciudadanas frente al sistema. Es que, tal como lo sugiere la literatura, resulta imposible desprender la seguridad ciudadana del involucramiento cívico. Un clima de descontento, impotencia y apatía respecto de la institucionalidad afectaría directamente en la eficacia de distintos programas de prevención. Basta ver el simple ejemplo del programa STOP (Sistema Táctico de Operación Policial), promovido con fervor por la actual administración. La herramienta, implementada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, se basa esencialmente en las denuncias ciudadanas, las cuales son sistematizadas y analizadas en pos de definir los focos de delincuencia (o “puntos calientes”, como les han llamado). Pero el gran problema, en el caso porteño, es que sólo 4 de cada 10 hogares victimizados decide denunciar. ¿Se puede hacer un verdadero seguimiento si la ciudadanía decide no colaborar por apatía y desconfianza? Un problema similar sucede con otros programas basados en la prevención situacional ambiental, como la recuperación de lugares desahitados y la inversión en lugares de uso público (parques, plazas o jardines). Por más dinero que ponga la autoridad, resulta imposible (e irresponsable) prescindir de herramientas destinadas a la promoción de la participación ciudadana, pue sólo así podremos conseguir una sana y activa vida social.

Si bien es necesario impulsar reformas que tiendan a disminuir la sensación de inseguridad y la victimización, debemos también estar conscientes de que la delincuencia representa un problema cultural que requiere una acción coordinada y mancomunada entre distintos actores. Por eso mismo, así como estamos tan preocupados de no caer en sistemas pro-delincuencia, resulta esencial centrar nuestros esfuerzos en reactivar una ciudadanía impotente y decepcionada. La labor de la autoridad es también esencial en este punto. La participación de la sociedad civil no puede estar destinada sólo a la denuncia, sino que debe comenzar desde el mismo diseño de las políticas públicas a ejecutar. Son ellos, en sus barrios, quienes sufren la delincuencia y, por lo mismo, requieren soluciones a la medida. Y ahí es, precisamente, cuando volvemos al mismo cuento de siempre. ¡Vaya que es importante la descentralización!

*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el domingo 20 de mayo de 2018.