Contribuciones: Aislamiento legislativo

Por Jaime Lindh
Coordinador de Opinión Pública

Hace unos días el Senador Carlos Montes envió un informe al SII donde analiza la pertinencia del pago de contribuciones por parte del Congreso al Municipio de Valparaíso. El documento señala que el poder legislativo estaría exento de pagar el impuesto territorial dado el carácter público del edificio que lo alberga. Si lo que propone el Senador llega a buen puerto, el Congreso estaría cometiendo un error que será pagado por todos quienes habitan en Valparaíso y, a largo plazo, por el resto de los municipios.

En primer lugar, es razonable que el Congreso pague por estar en una ciudad, cualquiera sea esta. De hecho, el impuesto territorial se puede entender como el pago que realizan los contribuyentes a la prestación de servicios y bienes públicos ofrecidos por la autoridad local. En este caso, el Congreso debe pagarle a la municipalidad, ya que para su funcionamiento está demandando una serie de servicios públicos. La mantención del alumbrado público, la señalización vial, los semáforos, las calles y jardines no es gratuita, sino que alguien tiene que pagarla. Sería -al menos- imprudente que el Congreso asuma un rol de free rider haciendo uso de las prestaciones de la ciudad a costa del resto de los contribuyentes.

En segundo lugar, si el Congreso logra eximirse del pago de contribuciones estaría entregando una señal equivocada a la ciudadanía. Hoy en día los impuestos territoriales son una de las principales fuentes de ingresos propios y una mejor gestión en torno a este impuesto representa una oportunidad a nivel municipal, por ejemplo, reduciendo las tasas de no pago de este tributo. En este sentido, si se lleva a cabo la voluntad del senador Montes la opinión pública recibirá la señal de que el camino a seguir es ampliar aún más los niveles exención; todo lo contrario a lo que necesitan las municipalidades. Esta idea atentaría contra el propósito de mejorar la gestión local a través de una mayor disponibilidad de recursos propios y una mejor rendición de cuentas. Mientras más amplia sea la base de contribuyentes, mayor será la propensión de los ciudadanos a exigir una buena gestión a sus alcaldes.

El Congreso debiese pensar en cómo lograr una mejor vinculación con la ciudad, en vez de promover medidas de ostracismo. La Plaza de La Ciudadanía y la Plaza de la Justicia son ejemplos concretos en donde los otros poderes del Estado logran incrustarse realmente en el quehacer cívico.

Es loable que el poder legislativo esté desarrollando un plan de ahorro. Sin embargo, eliminar el pago de 450 millones al año en contribución no es del todo razonable. Probablemente, dentro de los 108.000 millones presupuestados para ambas Cámaras haya oportunidades de ahorro más respetuosas con la ciudad. Es hora de tomar conciencia no de una sequía legislativa, sino que más bien de un aislamiento legislativo reflejado tanto en las encuestas como en la propia ciudad.

*Publicada en el Diario Financiero el 20 de julio de 2018.