Datos que hagan justicia

Maximiliano Duarte
Investigador

Hace unos días la fiscalía nacional publicó el boletín estadístico anual, documento que informa el número de causas que fueron tramitadas durante el año 2018 clasificadas por región, tipo de imputado, tipo de delito, forma de término, entre otros aspectos.

En función de aquella información algunos medios han elaborado rankings que ordenan las fiscalías de acuerdo al número de sentencias condenatorias y causas archivadas. En estos, vemos que la región de Valparaíso ocupa el puesto nº13 en el ranking de sentencias condenatorias y el puesto nº7 en el ranking de causas archivadas. Además, se indica que, de los 178.872 casos cerrados el año 2018, un 40,98% concluyeron por la vía judicial y un 59,02% por la vía no judicial.

 ¿Significa esto que la fiscalía regional es ineficiente? Contrario a lo que nuestra intuición nos indica, la respuesta es no.

Existe la percepción de que una mayor eficiencia en la labor persecutora implica que todos los casos deban concluir por la vía judicial. Esta convicción descansa en un supuesto erróneo que los profesores Mauricio Duce y Cristián Riego denominan “mito de la no impunidad”. Esto es, la creencia de que todos los delitos pueden ser investigados y eventualmente sancionados. Esta forma de entender nuestro sistema de justicia desconoce que los medios y recursos con los que cuenta el Estado son escasos y que, por lo mismo, deben ser encauzados en la persecución de los delitos más graves.

Pensemos por un momento en dos delitos que ocurren simultáneamente en distintos lugares –cosa que sucede habitualmente-. Uno corresponde al robo de un cargador de celular y el otro a un homicidio. Un sistema eficiente permite que el ente persecutor seleccione en cuál de estos dos delitos intervenir, canalizando los recursos en la persecución del segundo. Esto cobra más relevancia si consideramos que en nuestra región solo hay 66 fiscales para una zona en la que viven más de 1.500.000 habitantes.

En este sentido, al analizar los datos de nuestra región es posible afirmar que la fiscalía sí  selecciona eficientemente los casos en los cuales interviene. Por ejemplo, durante el año pasado todos los casos de homicidios fueron investigados y, por lo general, llevados hasta las últimas consecuencias. Se observa, además, que en los casos de homicidios terminados por sentencia judicial, el 66% correspondieron a sentencias condenatorias. Distinto es el caso de las faltas, en las que, en varias ocasiones (4.510 para ser exactos), la fiscalía aplicó el principio de oportunidad y, por lo tanto, no inició la persecución o abandonó la ya iniciada debido a que el hecho denunciado no comprometía gravemente el interés público.

En conclusión, debemos ser cuidadosos al analizar los datos respecto a la labor de la fiscalía y no quedarnos sólo con el titular. Un tema tan delicado como la delincuencia amerita un examen a la altura de la importancia que la ciudadanía le asigna a este problema. De lo contrario, puede que saquemos conclusiones apresuradas y focalicemos mal las políticas públicas.

*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 10 de febrero de 2019.