“El cuarto acuerdo”

Para revertir la crisis que atraviesa el país el gobierno ha optado por concentrar los esfuerzos en tres grandes acuerdos.

Por un lado está el acuerdo por una nueva Constitución. En términos políticos, este es, por lejos, el más importante, ya que supone una verdadera reforma de las bases institucionales del país. El primer paso para su materialización será la celebración de un plebiscito en el mes de abril, en el que la ciudadanía decidirá si quiere (o no) una nueva Carta Magna y, en caso afirmativo, el mecanismo mediante el cual se llevará a cabo su elaboración (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional).

El segundo acuerdo corresponde a la agenda social. Este comprende una batería de medidas que permiten aliviar, en un corto-mediano plazo, las carencias de miles de chilenos que se han manifestado durante las últimas semanas. Entre estas soluciones se encuentran el ingreso mínimo garantizado, el aumento de la pensión básica solidaria, la disminución de tarifa de transporte público para adultos mayores y la paralización del aumento de tarifas por servicios básicos, entre otras.

En tercer lugar está el acuerdo por la paz y la seguridad. Este tiene por objetivo implementar medidas que permitan la actuación eficiente por parte de las fuerzas de orden y seguridad. Además, considera la elaboración de una serie de leyes que sancionen con mayor rigor conductas que han proliferado durante la crisis, como el saqueo de locales comerciales y la utilización de barricadas para interrumpir el libre tránsito. Todo bajo el supuesto de que el orden público no solo es el objetivo primordial de un Estado de Derecho, sino además, condición indispensable para comenzar a construir los demás acuerdos.

Si miramos en retrospectiva podemos decir que los tres ejes ya mencionados permiten abarcar gran parte de las demandas ciudadanas. Sin embargo, hay una dimensión que no ha sido abordada con suficiente entusiasmo y que puede ser la llave maestra para apaciguar la tensión del conflicto social. Me refiero al castigo ejemplar contra los delitos de cuello y corbata.

La colusión de las farmacias, la colusión de los pollos y la colusión del papel higiénico son ejemplos emblemáticos de prácticas anticompetitivas llevadas a cabo durante la última década, las cuales han quedado grabadas en la memoria colectiva. Estos tres ejemplos tienen en común la alteración concertada del precio de bienes de primera necesidad -cuya demanda es inelástica- para efectos de lograr ingresos fraudulentos a costa del bolsillo de todos los chilenos. Pero lo más increíble es que en ninguno de estos casos los protagonistas fueron condenados a penas privativas de libertad. Aunque el año 2016 (con la dictación de la ley 20.945) se estableció un nuevo tipo de colusión con pena de presión, lo cierto es que el marco punitivo es lo suficientemente benigno para que los delincuentes eviten fácilmente la cárcel a través de una salida alternativa.

Nuestra experiencia en materia de delitos de cuello y corbata, sumado a la percepción de injusticia y abuso que alimentan las movilizaciones ciudadanas, son razones suficientes para implementar medidas que castiguen con cárcel efectiva a los autores de conductas que atentan contra la libre competencia.

Por el contrario, si seguimos tolerando el abuso de empresarios inescrupulosos, estaremos cometiendo una triple injusticia. Por un lado, se mete en un mismo saco a toda la clase empresarial, afectando la reputación de aquellos que respetan las reglas del juego; en segundo lugar, se perjudica a las pymes, ya que estas no pueden crecer debido a las trampas implementadas por los carteles que abusan de su posición dominante; y por último, se pone en serio riesgo el sistema económico y político, generándose desconfianza en los mercados y en la democracia como forma de gobierno capaz de corregir las conductas que atentan contra los valores de la sociedad.

El escenario actual requiere que la clase política entregue señales potentes de querer restaurar confianzas con la ciudadanía. En este contexto, un cuarto acuerdo contra los abusos se vislumbra como una solución idónea para descomprimir la crisis y transitar hacia una democracia sólida en la que todos los ciudadanos son medidos por una misma vara, con independencia de su situación socioeconómica.

*Publicado en La Tercera el 11 de diciembre de 2019.