El tira y afloja de la descentralización

Francesca Zaffiri Suzarte
INVESTIGADORA

Pocas dudas quedan de que estamos pasando por el momento político más importante de nuestra historia. Este 2020 se verá marcado no solo por el plebiscito de abril, sino también por la renovación del poder político subnacional. En octubre tendremos elecciones municipales y de concejales, y por primera vez las regiones podremos votar por el Gobernador Regional. Esta persona es quien podrá solicitar al presidente de la república el traspaso de competencias específicas de los ministerios, para que sean administradas en la región. Sin embargo, para que esta afirmación sea real y efectiva, es necesario hacerse cargo de los mecanismos subyacentes.

¿A qué me refiero? Pues a la naturaleza centralista del traspaso de competencias. Si bien el gobernador regional tendrá la capacidad de solicitar que se le traspase una competencia (por ejemplo, hacerse cargo de elaborar el anteproyecto del programa de apoyo al transporte regional), esta debe ser aprobada, luego de un largo proceso, por la cabeza del ejecutivo. Este mecanismo, por razonable que parezca, tiene una serie de implicancias políticas que pueden terminar deslegitimando la gestión subnacional. Ello debido a que permite la apertura de espacios de discrecionalidad política, a través de dos vías.

En primer lugar, puede ocurrir que el gobernador electo sea de un partido político diferente al de gobierno y, por lo tanto, que se evite otorgar una competencia para no favorecer a oposición.

En segundo lugar, el mecanismo puede volverse un incentivo perverso a la hora de conceder o no una competencia. A falta de mayores estándares de transparencia y regulación, la transferencia puede provocar una dinámica de “favor por favor”, en el entendido de que una solicitud podrá utilizarse como herramienta de negociación en otras discusiones de carácter político. Esto es aún más preocupante si tomamos en cuenta que, aunque la competencia se transfiera, después de un tiempo esta puede ser devuelta a su cartera.

Por lo tanto, si bien la ley de traspaso de competencias es un gran avance en materia de descentralización, quedó diseñada para suscitar una dinámica que resta a las regiones de decisión y autonomía, principios claves para comprender la necesidad de descentralizar. Esto en cuanto promueve que el mecanismo de transferencias de competencias sea bajo la ley del más fuerte, con una toma de decisiones que sigue radicada en el centro político.

Es por esta estrategia del tira y afloja que los esfuerzos se deben aunar no solo en torno a la determinación de qué transferir, sino que también en función de mejorar el mecanismo que se utilizará. De lo contrario, los nuevos gobernadores regionales no serán capaces de cumplir sus promesas, uniéndose rápidamente a la larga fila de actores políticos deslegitimados. En definitiva, este será uno de los varios desafíos del que deberán hacerse cargo los congresistas a lo que vuelvan de sus vacaciones en marzo.

*Publicada en El Observador de Quillota el 25 de febrero de 2020.