DD.HH: Quintero no es la excepción

Por Francesca Zaffiri
investigadora

Septiembre es el mes de los derechos humanos. Es común escuchar en los medios frases célebres como “nunca más” o “ni perdón ni olvido” para generar conciencia y no olvidar el respeto a estos derechos. Es por ello que debemos recordar a quienes se ven vulnerados por vivir en comunas conocidas peyorativamente como zonas de sacrificio.

Ejemplo clave es la bahía de Quintero y Puchuncaví. El nuevo episodio de intoxicación se une a la larga historia de derrames que han habido en la zona y ha puesto en jaque el manejo que se ha tenido para evitar la propagación de las externalidades negativas que producen las industrias. Sin embargo, puede que el protagonismo de este territorio (que no es menor) deje en desmedro lugares como Mejillones, en el que hace unas semanas hubo un episodio de derrame de petróleo, o Tocopilla, cuyo material particulado es notorio desde el momento que se ingresa a la ciudad. Todas estas localidades comparten una cualidad: son territorios marcados históricamente por la desigualdad.

La bahía de Quintero tiene en sus cercanías balnearios exclusivos como Papudo y Zapallar. Mejillones y Tocopilla se encuentran próximos a la ciudad de Antofagasta, capital de la región con el segundo mayor PIB del país. A pesar de ello, los habitantes de estas comunas conviven en un entorno marcado por la baja calidad de vida y el empobrecimiento de sus medios de producción. Si antes las personas disfrutaban del turismo de sus playas, hoy es común escuchar entre los mismos locatarios advertencias sobre la exposición a los contaminantes que se encuentran en sus costas: “no comas pescado de Quintero”, “no vayas a las playas de Mejillones”, “no te quedes mucho tiempo en Tocopilla” son algunas frases recurrentes que nos hemos acostumbrado a escuchar.

La institucionalidad ambiental no da abasto para dar cumplimiento a su rol fiscalizador y asegurar la reducción de las emisiones de contaminantes. Y cómo no, si el Ministerio de Medio Ambiente, año tras año, recibe menos del 1% del presupuesto de la nación, el menor de los países de la OCDE.

Pareciera ser que el episodio de intoxicación en la bahía de Quintero, lejos de ser un hecho aislado, responde a un problema estructural. El Congreso ha sostenido en más de una ocasión comisiones investigadoras para los casos de contaminación, con resultados que no se han llegado a implementar. La institucionalidad ambiental no da abasto para dar cumplimiento a su rol fiscalizador y asegurar la reducción de las emisiones de contaminantes. Y cómo no, si el Ministerio de Medio Ambiente, año tras año, recibe menos del 1% del presupuesto de la nación, el menor de los países de la OCDE.

En este sentido, el Estado ha dicho comprometerse con el desarrollo sostenible. Ha suscrito convenios internacionales tales como el Tratado de Estocolmo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que recalcan la importancia de la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, estos principios rectores no terminan de cambiar la realidad nacional y tampoco la de nuestras comunas.

Todo apunta a que aún queda un largo camino para dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales. Nos hacemos llamar un país que protege los derechos humanos, siendo que nuestra institucionalidad permite que personas vivan en un ambiente precario, en que, ante episodios de intoxicación, se deben atender en hospitales colapsados y, además, no tienen los medios que aseguren un principio tan básico como vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Ciertamente nos enfrentamos ante un desafío y una oportunidad. Hasta el momento el accionar del gobierno frente a la realidad de Quintero-Puchuncaví ha mostrado que las medidas tomadas, pese a que son bien recibidas, no logran ser suficientes para dar solución al problema estructural. Esperemos que este desafío sea una oportunidad para generar un giro cualitativo hacia el desarrollo sostenible, con una institucionalidad que tenga recursos y alcance territorial, que no olvide que está al servicio de las personas, quienes no pueden seguir viviendo en un estado de vulneración. Porque “un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”, no nos olvidemos de las otras comunas han terminado siendo zonas de sacrificio, para que las soluciones no contemplen solamente a la bahía de Quintero y se lleve a cabo una modernización real.

*Publicada en El Líbero el 22 de septiembre de 2018.