Governance and The Law

Por Jaime Lindh
Coordinador de Opinión Pública Fundación P!ensa

El Banco Mundial publicó este año su Informe sobre Desarrollo Mundial, llamado Governance and The Law, que tiene como propósito cambiar el foco para entender el rol de los gobiernos en la promoción de mejor calidad de vida. Se propone que la atención no esté en qué política pública es la correcta en la consecución de un objetivo determinado, por ejemplo, para mejorar la capacidad de las personas o para reducir la congestión en las grandes ciudades, sino que esté en saber en qué determina que los países tengan políticas públicas realmente eficaces.

Esta reformulación es pertinente a Chile dado el contexto que vivimos en que contrasta la pasividad en la toma de decisión de la autoridad con el consenso técnico en la solución de ciertos problemas públicos. Por ejemplo, se sabe del mayor rendimiento que tiene el peso invertido en educación de párvulo o de la necesidad de un transporte público realmente sustituto del transporte privado.

El Banco Mundial sostiene que los países tendrán políticas públicas más eficaces en la medida que tengan una mejor gobernanza, entendida esta como la interacción entre los actores públicos y privados en el diseño e implementación de políticas públicas. En este sentido, lo nuclear no está en saber qué solución tomar, sino que en cómo es el proceso en que los actores involucrados toman esa decisión. Luego, se argumenta que los países tendrán una mejor gobernanza en la medida que las instituciones, es decir las reglas del juego, en la cual se enmarca esta interacción tengan al menos tres características: que sean creadoras de compromisos creíbles, que promuevan la coordinación y que fomenten la cooperación. ¿Qué tan distante está la institucionalidad chilena de aquello?

Responder en plenitud esta pregunta sería algo ambicioso; sin embargo, podemos identificar algunos aspectos de debilidad en nuestra institucionalidad. En concreto, en lo que respecta a la gobernanza regional. En la actualidad si bien formalmente existe un órgano, el gobierno regional, que debiese coordinar el desarrollo del territorio, el marco en el cual se lleva a cabo dicho proceso presenta al menos dos limitantes: el riesgo que el intendente sea removido y la canalización de recursos principalmente vía sectores ministeriales. El hecho que la figura del intendente coexista con la posibilidad de su remoción más el no manejo de los presupuestos relevantes para la región (MOP y MINVU) atenta contra la capacidad del gobierno regional para generar compromisos creíbles y, por consecuencia, coordinar una relación cooperativa entre los distintos actores de la región. El compilado de Estrategias de Desarrollo Regional sin ejecutar son prueba de aquello.

*Publicada en el Diario Financiero el 12 de octubre de 2016