¿Hacia una sociedad menos corrupta?

Por Jaime Lindh
Coordinador de Opinión Pública, Fundación P!ensa.

Hace unos días un grupo de políticos y académicos pidieron públicamente mayores sanciones a los delitos de corrupción. Si bien es clave aumentar el castigo asociado -por ejemplo- al cohecho o al soborno, vale la pena preguntarse si este tipo de medidas son suficientes en el combate a largo plazo contra este flagelo.

La aproximación tras esta petición radica en que toda medida anticorrupción debe apuntar a reducir la utilidad esperada del corrupto. Es decir, el objetivo es aumentar los costos de ser corrupto o la probabilidad de asumir dichos costos. Este enfoque basado en la conducta individual sin dudas que entrega un importante marco a la hora de pensar en soluciones. Establecer que un político pueda perder su cargo si comete una infracción grave en el financiamiento o gasto electoral, es un claro ejemplo en esta línea, al igual que el aumentar las sanciones penales. No obstante, ¿nos permite este enfoque realmente comprender la corrupción en plenitud y en consecuencia promover las medidas efectivas contra este fenómeno a largo plazo?

El Banco Mundial en el informe sobre el desarrollo mundial del 2017, “Governance and The Law”, entiende la corrupción desde una mirada alternativa. En particular, se plantea que la corrupción es una forma en que individuos o grupos de individuos mantienen en el tiempo acuerdos, que les permiten finalmente acceder a ganancias privadas a través del poder político. Es decir, acá hay un cambio de foco desde la conducta del individuo hacia el acuerdo tácito entre quienes participan en la corrupción. Esto tiene una implicancia importante en política pública: una estrategia efectiva contra este fenómeno debe enfocarse en disminuir la posibilidad en el tiempo de cooperación entre los grupos corruptos. Por ejemplo, hacer que sea insostenible en el tiempo la cooperación entre el regulador y el regulado en cuanto al diseño de un contrato a la medida a cambio de un soborno.

Para lograr aquello, el Banco Mundial plantea que es clave avanzar hacia una sociedad con mayor competencia en el acceso al poder político. En los mercados las posibilidades de cooperación disminuyen en la medida que mayor sea el número de competidores. Del mismo modo, en política menor será la corrupción en la medida que exista un mayor número de personas con acceso al poder. Esto último entendido como la capacidad de influir tanto en la agenda pública como en proyectos de ley.

Por lo tanto, desde una perspectiva de largo plazo, las estrategias de anticorrupción deben concentrar esfuerzos en medidas que diversifiquen el poder político entre los ciudadanos, como es el promover una industria más grande de medios de comunicación, avanzar hacia una mayor democracia interna de los partidos en regiones y en descentralización.

La receta parece algo conocida: más competencia, para asegurar la creación valor y desincentivar posiciones monopólicas donde pocos ganan y muchos pierden.

*Publicada en el Diario Financiero el 22 de junio de 2018