La historia que (no) van a vivir tus abuelos

Francesca Zaffiri
Investigadora Fundación P!ensa

Ana, madre de una familia numerosa, vivió su vida trabajando y sacando adelante a sus 6 hijos. Ellos, a cambio, la cuidaron hasta el día de su muerte, acompañándola y otorgándole un ambiente seguro y sin preocupaciones. Esta historia, que bien podría ser la de muchas de nuestras familias, se aleja bastante de la que tuvieron que vivir aquellas 10 abuelas de Chiguayante que terminaron calcinadas hace sólo una semana. También se distancia de la del matrimonio Olivares-Ayala, quienes se suicidaron por diversos problemas que los persiguieron hasta la vejez. El gran problema es que el abandono y la vulnerabilidad de derechos que reflejan estos acontecimientos, corren el riesgo de quedarse en el baúl de recuerdos, como anéctodas impactantemente entristecedoras, pero lejos de fomentar un debate público que devenga en un nuevo marco de solución.

Hace solo unas semanas, la discusión sobre los derechos humanos salió nuevamente a la luz. Con la creación del Servicio de la Protección de la Niñez, se buscó reivindicar la violación a la integridad de los menores. Con el Museo de la Democracia, por otro lado, se buscaría recordar la importancia de estos principios en la vida en un estado democrático. Bajo este contexto, cabe preguntarnos: ¿cuándo incluiremos en esta discusión el respeto y defensa de los derechos humanos de la población adulto mayor?

La urgencia por avanzar en esta materia radica en que Chile es reconocido por ser uno de los países con más suicidios del continente. De estos, 13,6 casos por cada 100 mil habitantes corresponden a personas de la tercera edad, superior a la media poblacional. Asimismo, somos testigos de una tendencia sostenida hacia el envejecimiento y se espera que, para el año 2050, tengamos una población adulto mayor del 30%, superando a la infantil. Ciertamente las estadísticas indican que la población está envejeciendo aceleradamente, por lo que debemos preguntarnos si nuestras políticas públicas están a la vanguardia para enfrentar el presente y el futuro de la tercera edad.

Pese a que la problemática tiene varias aristas, se suele asociar inicialmente con las bajas pensiones. Dado el actual sistema y las condiciones del mercado laboral, 30 años de trabajo implican tener una jubilación promedio de $240.200 pesos, una de las más bajas de la OCDE. Del mismo modo, la pensión básica solidaria no es superior a los 200 mil pesos, monto insuficiente para enfrentar el costo de vida, cada vez más alto.

El estado actual es aún más agravante si vemos que la percepción de la vejez está ligada directamente a la falta de autonomía económica y social. La insuficiente cobertura de las pensiones, en conjunto con el costo de la salud, la solvencia de necesidades básicas y la ausencia de un rol activo del adulto mayor en sociedad nos indican que, efectivamente, nos enfrentamos ante un problema asociado a los derechos humanos. Y es que tal y como declama Joan Manuel Serrat, sería bueno que “después de darlo todo, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriera todas las puertas, quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero”.

Todo apunta a que estas políticas públicas no son suficientes para enfrentar el estado actual de la población adulto mayor.

Es así como, una vez llegada la vejez, pareciera ser que en nuestro país las personas pierden su identidad social, porque la misma sociedad y el Estado no les otorga un rol a cumplir. Supuestamente ya contribuyeron al crecimiento y mantención del sistema socioeconómico del país. Pero lo que se ignora es que no pueden disfrutar de su vejez, porque no tienen las condiciones para lograrlo, por lo que se perpetúa el deprimente nivel de calidad de “vida” al que se ven supeditados.

Podemos afirmar que la integración es fundamental. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita por Chile en el 2015, otorga principios rectores sobre la materia. Se habla de la inclusión plena en sociedad y de la valorización de la persona mayor y su contribución, que han de ser plasmados en las políticas públicas. No obstante, nos vemos ante otro problema: si bien existen programas enfocados en la tercera edad, muchas veces no son bien evaluados o su implementación ignora las situaciones específicas de las regiones que conforman nuestro país. En rigor, todo apunta a que estas políticas públicas no son suficientes para enfrentar el estado actual de la población adulto mayor.

Intentos no han faltado. Uno de los programas llevado a cabo por el SENAMA son los Centros de Día. Implementados por las Municipalidades, tienen por objetivo otorgar un espacio de cuidado preventivo y recreación que fomente la autovalencia de los adultos mayores. Actualmente existen 27 instituciones, radicadas principalmente en la región Metropolitana. Este, junto con los centros de adultos mayores de iglesias o privados, son las instancias principales a través de las cuales los abuelos se pueden llegar a sentir integrados dentro de una comunidad. Sin embargo, estos programas no están exentos de dificultades. Postular a financiamiento para que el municipio implemente estos centros implica que, a priori, existan desigualdades en el acceso a esta política pública.

En definitiva, si verdaderamente estamos preocupados por los derechos humanos, debemos visibilizarlos también cuando hablamos de la pobre dignidad con la que los adultos mayores viven. De lo contrario, estamos perpetuando una realidad que excusa las decisiones terminales, como la del fallecido matrimonio Olivares-Ayala.

*Publicada en El Libero el 25 de agosto de 2018.