LEY CORTA DE PUERTOS: ¿QUIÉN LA PAGA?

Esta semana se logró un valorable acuerdo en su parte laboral, reconociendo el derecho irrenunciable a descanso para colación de los trabajadores y permitiendo la continuidad de la faena. Ahora bien, en su parte tributaria no existe acuerdo y el proyecto sigue mereciendo objeciones.

¿Cómo se recauda? Crea un tributo especial de cargo de las empresas portuarias, el que es inconstitucional por estar afecto a un fin determinado.

¿Qué se paga? Una supuesta deuda laboral de algunas empresas portuarias, no declarada judicialmente. Se sienta un nefasto precedente institucional, solucionando por la vía legal e impositiva controversias que están destinadas a ser conocidas por tribunales.

¿Cuánto se paga? El Gobierno ha cifrado la supuesta deuda en US$ 53 millones. El impuesto resulta desproporcionado pues, conservadoramente, recaudará US$ 62 millones.

¿Quién lo paga? Las empresas portuarias. Ahora bien, dado que siempre se tratará de transferir los costos del impuesto, es presumible que gran parte de la carga la soporten los usuarios de los puertos: importadores y exportadores. Resulta injusto que se les obligue a pagar supuestas deudas de terceros y, en especial, no se entiende la obsecuencia a su pérdida de competitividad.

Tampoco resulta justo el gravamen para las empresas portuarias: jurídicamente no existe deuda, sufrieron pérdidas por la paralización, soportaron a través del pago de un bono de $1.500.000 por trabajador el término del conflicto, compensan desde 2013 la media hora de colación ($3.600 por turno) y soportarán, con la aprobación del proyecto, el congelamiento de la jornada laboral en 42 horas, a diferencia de las 45 horas del resto de los sectores.

¿Cómo se desata este verdadero nudo gordiano? En primer término, se debería retirar el proyecto y dejar que el Estado de Derecho funcione. Si se insiste en la vía legislativa, debe suprimirse el impuesto y pagar la deuda histórica, reconocida por el Gobierno, con cargo a los ingresos generales de la nación, habida cuenta tanto de que todos somos beneficiarios de la estabilidad portuaria, cuanto que los agentes más cercanos a la misma ya han hecho importantes esfuerzos por conservarla. Si se decide mantener el impuesto, éste debe, al menos, salvar sus vicios de constitucionalidad e injusticia.