Límites a la reelección: la hora de la verdad

En los próximos días el Senado deberá discutir el proyecto de ley que limita la reelección de autoridades. Este proyecto, que es el resultado de seis mociones refundidas presentadas con anterioridad, se ha caracterizado por tener una tramitación bastante interrumpida. De hecho, desde su presentación el año 2012, la propuesta ha “dormido” largamente en dos oportunidades, siendo la crisis social de octubre el “despertador” que ha desencadenado nuevamente su discusión, una vez incorporada entre las medidas que conforman la llamada “agenda social”.

¿Qué podemos esperar de este nuevo debate? Luego de analizar las actas de discusión en el Senado, es posible prever que habrá un grupo de senadores que rechazará su aprobación en base a dos argumentos que, a mi juicio, son bastante discutibles.

El primero de ellos consiste en entender los límites a la reelección como un atentado a la soberanía. La lógica es la siguiente: siendo el pueblo quien ejerce la soberanía a través del voto, los límites a la reelección serían una limitación inaceptable al derecho de aquel (el pueblo) de escoger a los candidatos de su preferencia.

Los senadores que han invocado previamente este argumento omiten considerar que ellos también ejercen la soberanía en representación del pueblo, pero más allá de este punto, no toman en cuenta que el derecho a elegir representantes no es una facultad ilimitada. Tanto el derecho a votar (sufragio activo) como el derecho a presentar candidaturas (sufragio pasivo) tienen límites. ¿Acaso alguien cree que impedir a un infante votar, o prohibir que un homicida postule a un cargo parlamentario, son atentados contra la soberanía? Los límites a la reelección, tal como señala el autor español Antonio Ibáñez Macías, no son más que una de las tantas causales de inelegibilidad que los países consagran en sus respectivos ordenamientos jurídicos. En ningún caso constituyen un atentado a la soberanía. De sostenerse lo contrario, ¿cuál sería entonces la justificación para entender que los límites a la reelección presidencial no configuran este atentado?

La segunda razón consiste en que los límites a la reelección impedirían la profesionalización de la labor legislativa.

Creo que las deficiencias de este argumento son dos. Primero, quienes razonan de esta manera sólo ponderan el tiempo de duración del mandato legislativo, en circunstancias de que existen otros elementos que pueden ser igual, o incluso más determinantes, para entender que estamos ante un Congreso profesional. Así, hay autores que consideran factores como la experiencia laboral de los congresistas, su formación académica, su capacitación o la calidad de su equipo de trabajo, entre otros. Segundo, de considerar este tiempo como único factor decisorio, ¿realmente puede alguien afirmar que se necesitan más de 16 años (plazo máximo para ser senador que contempla el proyecto) para que un congresista alcance un nivel razonable de experiencia? Mi impresión es que no.

Por otra parte, es pertinente recordar que la reforma propuesta no supone un cambio tan drástico al sistema de reelección de parlamentarios. No vamos a transitar hacia un sistema de reelección prohibida, como el que rige en Costa Rica. En virtud del proyecto, los diputados podrán ejercer su cargo por un máximo de 12 años, y los senadores por 16. Es más, no habría problemas en que un diputado o senador que alcanza el tope máximo postule inmediatamente a otro cargo de elección popular, incluida la otra cámara legislativa.

Lo que pretende este proyecto de ley es oxigenar responsablemente los liderazgos políticos, sin caer al extremo de renovar completamente el Congreso en cada elección parlamentaria. Por lo mismo, me parece desproporcionado el temor que algunos políticos han manifestado respecto a los supuestos peligros que tendría esta medida. En cambio, los beneficios sí que podrían ser mayores a los de su sola aplicación. En tiempos donde la percepción ciudadana del poder legislativo está por los suelos -y considerando que son precisamente los políticos los llamados a reconducir el delicado escenario social del país-, quizás es buen momento para innovar y comenzar a generar políticas que, si bien no tendrán un resultado tan drástico como el que algunos quisieran, pueden tener un efecto simbólico poderoso en aras de ir construyendo mayor confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

* Publicada en La Tercera el 19 de mayo de 2020