Lo priorizado y olvidado del 2018

Esta época suele ser un tiempo de reflexión en torno a lo ocurrido y a las esperanzas que acunamos para el año que viene. En el mundo político suele ser similar. En esta línea, en su primer año de gobierno, el ejecutivo ha mostrado preocupación por mantener en gran medida sus promesas de campaña.

La agenda política que ha impulsado puede definirse como sectorial y multifacética. Ello debido a la diversidad de iniciativas que se han realizado. Recordemos el inicio de período con los “grandes acuerdos nacionales”. Empezando por el Acuerdo nacional por la infancia, pasando al Proyecto de ley de aula segura, llegando hasta el teletrabajo y a la Reforma a las pensiones. Todas iniciativas que, de algún modo u otro, afectan a la población no solo de Santiago, sino también de las regiones. Esta idea se refuerza aún más cuando, finalizada la cuenta pública del 1 de junio, nos percatamos de que los grandes acuerdos se vieron reforzados con nuevos proyectos. 

Sin embargo, durante el año que pasa se develó un desafío primordial: lograr un desarrollo equilibrado de todas las regiones. A pesar de ello, si bien este primer año de gobierno se ha visto definido –o, al menos, se ha intentado- por seguridad, salud y empleo, creemos que se ha omitido una de las principales promesas de campaña de Sebastián Piñera: “ser el presidente de las regiones”.

A inicios de este año entraron en vigencia las dos grandes leyes descentralizadoras: la elección de gobernadores regionales junto con el fortalecimiento a la regionalización. Es decir, descentralización política y administrativa, cuyo objetivo es que las regiones tengan un grado de autonomía para llevar a cabo su desarrollo, teniendo a la cabeza a un gobernador electo democráticamente. Para llevar a cabo este objetivo, es necesario que el gobierno en turno cumpla con la segunda parte de este proceso: elaborar los reglamentos para regular el traspaso de competencias a nivel subnacional.

Lo anterior es de suma importancia, debido a que desde enero del 2021 las regiones tendrán una nueva figura electa que, en teoría, debiese poder solicitar la transferencia de competencias que gestionan los ministerios, para que las regiones las manejen. No obstante, sin los reglamentos respectivos, el gobernador será partícipe de un proceso de altas expectativas y desilusiones.

Aunar esfuerzos en provecho de la descentralización significa reconocer que las regiones pueden llegar a ser sujetos de decisión, restando poder al estado central para distribuirlo a nivel regional. Es así como en el transcurso del año, la falta de prioridad política en esta materia significa posponer el desarrollo regional.

En otras palabras, significa rezagar una arquitectura institucional que, de ser bien implementada, puede llegar a ser la gran reforma de Sebastián Piñera. La descentralización –sea como concepto u objetivo- suele generar un nivel de acuerdo a nivel sociopolítico. Por lo tanto, tomar el proceso descentralizador como pilar en la agenda puede entenderse como una señal de consenso con los partidos políticos y, consecuentemente, con las regiones.

Desafortunadamente, el 2018 no fue el año en que se manifestara esta voluntad política. Quedará como desafío para el 2019 otorgar un rol prioritario al proceso de descentralización, para que las regiones tengan competencias y los gobernadores puedan, valga la redundancia, gobernar.

*Publicada en La Tercera el 2 de enero de 2019.