Oportunismo / oportunidad electoral

Francesca Zaffiri
Investigadora

A inicios de semana fuimos testigos del anuncio de un grupo de congresistas, para presentar a la cámara de diputados un proyecto de ley cuyo objetivo es retrasar la elección de gobernadores regionales al año 2021. Lejos de presentarse como una oportunidad política, permite abrir el debate en torno a la necesidad de respetar los tiempos electorales y lo que la descentralización política representa para las regiones de nuestro país.

La descentralización ha sido una fuente de disputa en la historia de Chile. Desde la constitución de 1826, distintos hitos han ido en favor de un proceso descentralizador a nivel administrativo, fiscal y especialmente político. Luego del retorno a la democracia, desde el gobierno de Ricardo Lagos se ha comenzado a discutir sobre la elección vía sufragio del intendente. El 2009 pudimos elegir directamente a los consejeros regionales. No obstante, el 2017 ha marcado un hito en la historia de la descentralización en Chile. Después de una discusión de dos años en el congreso, se aprobó la gran ley de descentralización política: la elección de gobernadores regionales.

La división del actual cargo de intendente en dos figuras, una designada por el presidente, otra electa por sufragio directo, genera incertidumbre para los partidos políticos, quienes se verán enfrentados a esta especie de modelo francés a nivel regional, en el que estarán expuestos a ceder cuotas de poder. Asimismo, deberán adecuarse a una transformación de las reglas del juego y, por lo tanto, de los incentivos electorales a la hora de diseñar una estrategia para enfrentar los comicios del 2020. Al respecto, es menester tomar en cuenta dos factores clave: el cálculo político electoral y la certeza en las competencias del gobernador regional.

En primer lugar, la discusión respecto del año electoral es esencial, debido a que el timing de una campaña electoral para los comicios es estratégico. La realización del sufragio regional el año 2020 puede promover el surgimiento de liderazgos con identidad de sus propias regiones, ya sea de partidos tradicionales con dominio subnacional u otros de reciente formación. Junto con las elecciones municipales, ésta acerca un proceso democrático que es visto como lejano, pudiendo desincentivar el hartazgo ciudadano hacia el acto de votar y promover así la gobernanza subnacional.

En cambio, la realización de estas elecciones para el año 2021 supedita un proceso con identidad regional a las elecciones de carácter nacional: parlamentaria y presidencial. Desde una perspectiva estratégica, este cambio abre la puerta para que los partidos tradicionales puedan mantener su liderazgo centralizado a la hora de seleccionar internamente sus candidatos a gobernadores regionales. Así, tendrían mayor manejo de las cuotas de poder que tienen en los niveles de gobierno, a costa de la invisibilización de las regiones en los procesos electorales.

En segundo lugar, si bien el “castramiento” con el que algunos congresistas se han referido al cargo de gobernador regional, si bien parece comprensible para cambiar el año electoral, evidencia un problema adyacente a la elección de la máxima autoridad regional. El reglamento que definirá el traspaso de competencias al gobernador regional es una preocupación justificable, debido a que, sin éste, la capacidad de acción del jefe regional se verá fuertemente restringida, provocando altos niveles de desilusión en los votantes.

Sin embargo, aplazar el año electoral no solo promueve una estrategia electoral más centralizada, sino que también desincentiva la promulgación de los reglamentos correspondientes. Es necesario preguntarse sobre la existencia de voluntad política para concretar la realización de los reglamentos, para que el proceso de competencias sea ordenado, responsable y coincidente con las elecciones 2020. De este modo, el gobernador regional podrá alinear sus capacidades con las demandas de su electorado.

En definitiva, si realmente estamos preocupados sobre los efectos de la elección de gobernadores regionales en el 2020, el tratamiento no debiese ir en relación del cálculo electoral, sino de la promulgación de los reglamentos para desconcentrar el ejercicio del poder político.

*Publicada en El Líbero el 17 de noviembre de 2018.