Política, familia y descentralización ante la crisis

Juan Pablo Rodríguez Oyarzún
DIRECTOR EJECUTIVO

Dada la proximidad y relevancia histórica de los hechos, a dos meses de los atentados terroristas del 18-O y de la ola de manifestaciones y violencia callejera que los sucedieron, sigue siendo difícil analizarlos, dimensionar su magnitud y calificarlos.

¿Qué ha sido todo esto? ¿una revuelta? ¿una revolución? ¿un golpe de estado fallido? ¿la primavera chilena? ¿un momento constituyente? ¿el fin de la transición? ¿todo eso?

La historia sabrá mejor que nosotros poner adjetivos a este proceso. Ahora bien, parece evidente que nuestras instituciones no estuvieron a la altura. Desde las familias hasta el gobierno.

En los primeros días, casi ningún político articuló una posición plausible y orientadora. Gobierno y oposición, afectados por el trauma del Chile de la guerra fría, se vieron congelados. Esta falta de liderazgo inicial nos pesa hasta hoy. El gobierno renunció a explicar lo que estaba pasando y le dejó esa tarea a los matinales, twitter y las cadenas de WhatsApp. Esto puede explicar que no haya habido una condena cerrada a los atentados por parte de la ciudadanía y la espiral de crispación ¿Cuánto sufrimiento habríamos ahorrado si el gobierno hubiera explicado bien cuál era el “enemigo poderoso” al que nos enfrentábamos?

Parte de la oposición democrática, en una conducta infame, supeditó su colaboración con el gobierno a que éste acceda a sus demandas programáticas –Constitución incluida- aprovechándose de la violencia y la fragilidad del sistema. No tuvieron de rehén ni al Presidente ni al gobierno, sino que a los chilenos y a la República. Su obsecuencia con la violencia abrió una puerta que todavía no podemos cerrar. Las recientes declaraciones del Presidente del PPD presagiando un caos en caso de ganar la opción “rechazo” en abril o las del senador Girardi anunciando una suerte de fin de la propiedad privada, dan cuenta que esta lógica está lejos de acabarse y que la socialdemocracia chilena está en peligro de extinción.

La derecha, por otro lado, sigue perpleja. La Constitución del 80 no sólo condujo una ejemplar transición a la democracia sino que permitió el desarrollo de un modelo económico que ha logrado un progreso material sin parangón en nuestra historia: reducir el número de pobres de 50% (1975) a un 8,6% (2017), es decir 7.000.000 de compatriotas; hacer crecer la clase media del 24% (1990) al 58% (2013); permitir que el 23% de quienes nacen en el cuartil más bajo de ingresos llegue al cuartil de mayores ingresos; o que el 67% de los padres crean que sus hijos estarán mejor, siendo los más optimistas de la OCDE.

Si la derecha pretende defender las virtudes del modelo debe cerrar el Excel y abrir el Word ¿Podemos hablarle de ese éxito al hijo de un padre que muere sólo por el hecho de atenderse en la salud pública? ¿Al joven que por una falta menor va a la cárcel mientras políticos y empresarios por conductas mucho más graves se exponen a sanciones menores? ¿Al recién egresado que ve como otros, más flojos y menos capaces que él, acceden a mejores puestos por el sólo hecho de haber nacido en otro lugar? ¿Al 67% de familias de nuestra región (ECV P!ensa-18, 2019) que o no les alcanzan o llegan justos a fin de mes? Tienen más que sus padres, pero parece que lo pasan peor.

La agenda política debe centrarse en las mejoras sociales. Que la discusión constitucional coopte la agenda no contribuye a este propósito. No basta que una mayoría circunstancial levante la mano en el Congreso para que –cual acto de magia- a los chilenos se nos garantice un catálogo infinito de derechos sociales. La realidad de las cosas supera la ficción de la discusión política. Sin crecimiento económico no habrá mejoras sociales.  A su vez, debemos promover la meritocracia. Las desigualdades de oportunidades y trato están en la base del descontento social.

¿Cómo salimos de esto? En el corto plazo se requiere de liderazgo, generosidad, empatía y gestión eficiente. En el mediano y largo plazo, hay dos elementos en que me gustaría detenerme.

Por un lado la educación y la familia. Parte relevante de la crisis se ha debido a la ignorancia y falta de educación en valores compartidos. Se requiere de mejor educación, pero no sólo formal. De una sólida cultura moral, capaz de devolvernos la alegría y de proporcionarnos una vida buena. Una educación en los vínculos para la vida en comunidad.

Tratar de comprender que detrás de cada político, encapuchado, empresario o manifestante hay una persona y una historia. Tratar de centrarnos más en la viga en el ojo propio que en la paja del ojo ajeno.

Resulta fundamental hacer esta exigencia a nuestros jóvenes, mucho de los cuales han demostrado un notorio déficit en la formación acerca de las exigencias de la vida en libertad, como respetar a quien piensa distinto o reconocer las asimetrías propias de todo orden social. Esta responsabilidad es en primer lugar de las familias, institución que también está en crisis en nuestro país. Con independencia de la realidad de padres ausentes o de dificultades económicas, muchas familias han renunciado a esa formación que parte por, desde el amor, establecer límites, distinguiendo lo bueno de lo malo. Sin esa formación todo –incluso tratar de quemar viva a una persona con una bomba molotov- se vuelve relativo. Esos niños no reconocen autoridad porque no la han tenido. Ni en la casa, ni en el colegio, ni en la Iglesia, ni en sus autoridades. Debemos volver a poner en valor las estructuras morales básicas que son las que soportan la vida del hombre libre y los jóvenes deben comprender que así como las cosas pueden volverse mejores también pueden transformarse en peores y que si bien son parte de la historia, ésta no nace con ellos.

Por otro lado, contribuirá en el mediano y largo plazo a la solución de esta crisis el que seamos capaces de repartir el poder en nuestro país. Si el problema es de lejanía y desconexión del ciudadano respecto de sus autoridades parece razonable acercar la estructura de decisiones públicas a las personas, distribuir en más grupos el poder y promover políticas públicas construidas de “abajo hacia arriba”.  Son las personas que sufren los problemas las que tienen el primer derecho para tratar de resolverlos.

El centralismo es parte del problema, la descentralización es parte de la solución.

*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 5 de enero de 2020.