¿Por qué fracasa Chile?

Por Andrés Berg
Investigador Fundación P!ensa

Hace un par de semanas veíamos cómo el equipo económico del gobierno de la Nueva Mayoría desocupaba sus oficinas a consecuencia del rechazo al proyecto minero Dominga por parte del comité de ministros. Los hechos, como era de esperar, pusieron nuevamente al crecimiento económico como tema relevante en la opinión pública.

No existen dobles lecturas en cuanto a que el crecimiento de Chile en los últimos tres años ha sido mediocre. No obstante, las visiones son divergentes en cuanto a las razones que lo explica: serían las reformas, la baja productividad, el ciclo económico, el déficit fiscal, etc. Todas ellas, por supuesto, tanto la teoría como la evidencia respaldan su influencia en el crecimiento de largo plazo, sin embargo, en esta columna pretendo añadir algunas explicaciones desde la esfera política, donde, a mi juicio, se encuentran algunas causas también relevantes que influirían.

En el último medio siglo surgió en la academia la corriente económica institucional, que plantea las bases de las tesis más actuales en cuanto al desarrollo económico. El premio nobel Douglas North, uno de los principales teóricos de esta corriente, entendía que el crecimiento económico se explicaba por la interacción entre las instituciones, ya sean económicas, políticas o sociales y el comportamiento humano. Así, el crecimiento económico no depende solamente del dinamismo de los mercados o de los impulsos que provee o no el Estado, sino de las reglas e incentivos que imperan en la sociedad y en cómo las personas se comportan y adecuan frente a tales restricciones y estímulos. Antecedentes históricos, políticos y culturales se transformarían así en variables importantes a la hora de entender el crecimiento económico de largo plazo.

Una de las tesis más fascinantes de esta línea de pensamiento fue planteada por Acemoglu y Robinson (2012) en su libro “Por qué fracasan los países”, donde plantean la tesis de que los países tropiezan en su búsqueda de la prosperidad a causa de que imperan en ellos instituciones extractivas, tanto económicas como políticas. Por el contrario, los países que han logrado desarrollarse cuentan con instituciones inclusivas.

Las instituciones extractivas, en palabras de los autores, tienen en su base “una élite que diseña instituciones económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de las personas de la sociedad”. Las instituciones económicas extractivas, tienen una estrecha relación con las instituciones políticas extractivas “que concentran el poder en manos de unos pocos, que entonces tendrán incentivos para mantener y desarrollar instituciones económicasextractivas en beneficio propio y utilizar los recursos que obtengan para consolidar su control del poder político”.

Más de algún lector de izquierda seguramente estará de acuerdo conmigo en cuanto a que en Chile se ha configurado un sistema que parece tener, en cierta medida, instituciones extractivas. La pregunta relevante, sin embargo, es ¿cuáles son aquellas instituciones? El Estado probablemente es la institución que en mayor medida cumple con tales características: la élite política es prácticamente la misma en los últimos 30 años―tanto en la derecha como en la izquierda―, el cada vez más obeso aparataje estatal y el excesivo nivel de centralización que tiene el país, hacen que el poder político sea muy codiciado. En efecto, por el ahora conocido modus operandi de financiamiento de campañas políticas durante este mismo periodo, es plausible sostener que muchas de las instituciones económicas que tuvieron éxito en el régimen militar y en los años de la transición, estén ahora viciados. Como explican los autores, existe una sinergia entre las instituciones políticas y económicas extractivas, que genera un círculo vicioso que tiende a persistir en el tiempo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el escenario político actual no parece ser favorable para el crecimiento económico de largo plazo, y es, quizás, una importante explicación de la incertidumbre: el cada vez más polarizado escenario político, la actitud política del gobierno de la Nueva Mayoría, como las ideas que han abrazado en los últimos años, se corre un serio riesgo de profundizar y esparcir instituciones políticas aún más extractivas de las que actualmente nos impiden progresar. El significativo aumento de puestos de trabajo en el Estado, las reformas de educación―superior, desmunicipalización y la ley de inclusión (vaya paradoja) ―, como la reforma al sistema de pensiones, aumentan aún más el poder de quienes ostentan cargos políticos, y en algunos casos en desmedro de la participación de la sociedad civil. Asimismo, las pretensiones por una asamblea constituyente y la aprobada reforma laboral, además de generar incertidumbre, incrementarían significativamente los costos de transacción futuros, dos de los ejes clave de la teoría institucional.

Acemoglu y Robinson explican que las instituciones económicas inclusivas, por el contrario, son aquellas “que hacen respetar los derechos de propiedad, crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías […] a su vez, respaldan y reciben el apoyo de las instituciones políticas inclusivas, es decir, las que reparten el poder político ampliamente de manera pluralista”.

Así, por muchas medidas técnicas que se adopten, la prosperidad económica de largo plazo se verá amenazada en cuanto no seamos capaces de distribuir adecuadamente el poder político, para así contar con un sistema económico inclusivo. Para ello, contar con una sociedad civil vigorosa y avanzar en la descentralización para diluir el poder político, parecen ser los caminos más pertinentes en la medida que entendamos que el Estado está para servir a sus ciudadanos, y no para cumplir la voluntad de unos pocos con el pretexto de que nos representan.

*Publicado en La Tercera el 25 de Septiembre de 2017