¿Presidencialismo o centralismo?

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

A partir del estallido de octubre varios tomadores de decisión han alzado la voz en contra del marcado presidencialismo que caracteriza a nuestro país. La crisis sanitaria ha profundizado dicha tendencia a tal punto que hoy existe una intuición compartida de que gran parte del debate constitucional se destinará a morigerar ese aspecto a través de la implementación de un sistema semipresidencial.

Es curioso que la discusión sobre la división del poder político se analice desde un plano meramente horizontal, como un problema de asignación de competencias entre los distintos poderes del Estado. Esta aproximación del fenómeno olvida completamente la dimensión vertical-territorial, donde el meollo del asunto está en la distribución de competencias entre el centro y la periferia. Atendiendo a esta segunda mirada, el problema de Chile no se llamaría presidencialismo, sino centralismo. La diferencia de perspectiva no se reduce simplemente a una elección semántica, sino que tiene incidencia directa en el antídoto institucional. Si el mal que nos aqueja es el centralismo, lo que requeriría nuestra institucionalidad, más que un contrapeso horizontal, sería un contrapeso político a nivel territorial dentro del mismo poder ejecutivo.

Creo que hay razones de peso para cambiar el diagnóstico. La pugna al inicio de la crisis sanitaria entre los alcaldes y el gobierno dejaron al descubierto la enorme brecha institucional que existe entre ambos niveles. Este vacío se tradujo en una patética -pero hasta necesaria- puesta en escena, donde los alcaldes acudieron en masa a los matinales a implorar al gobierno que considerara sus particularidades territoriales, como el porcentaje de comercio informal o el grado de hacinamiento de sus habitantes, antes de adoptar una medida que tuviese aplicación en sus comunas.

La ausencia de un robusto y legítimo poder regional complejiza el encauzamiento de los conflictos, pues crea tantos frentes de discusión como número de municipalidades (345). El salto de lo comunal a lo nacional es muy brusco; si a lo nacional se le acusa de egoísta por no considerar la realidad local, a lo comunal se le puede acusar del mismo defecto por no considerar la situación de su vecino.

La existencia de una autoridad intermedia revestida de legitimidad popular permitiría descomprimir el potencial número de disputas, aportando, además, una mirada panorámica de la situación regional. El actual intendente no es un contrapeso a las decisiones del centro por la sencilla razón de que es un funcionario de exclusiva confianza del presidente. Dicho de otro modo, el intendente es un representante del presidente en la región, y no un representante de la región ante el presidente. Esta anomalía institucional es tan peculiar que nuestro país es el único integrante de la OCDE que no escoge mediante votación directa a sus máximas autoridades regionales.

Dicho lo anterior, la discusión política y constitucional debiera hacerse cargo de esta dimensión y considerar fórmulas para robustecer el poder político y económico de los niveles subnacionales, y por qué no, proponer una nueva división territorial con regiones imponentes que realmente puedan hacer una diferencia en la gestión de sus asuntos. Lo otro no es más que acentuar el raquitismo regional. Porque de nada servirán los esfuerzos descentralizadores que se han manifestado durante los últimos años si continuamos fragmentando el país mientras el centro se mantiene intacto. Eso no fortalece la regionalización -como erradamente creen algunos políticos-, sino que produce mayores desigualdades territoriales, exacerbando el mal que debemos comenzar a combatir.

* Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 12 de julio de 2020