Regiones en vilo

Guillermo Pérez
Investigador Fundación P!ensa

Es indudable que los años venideros serán trascendentales para las regiones. La aprobación de la elección de los gobernadores regionales y el traspaso de competencias pueden alterar de forma sustancial las relaciones entre el poder central y los gobiernos subnacionales.

Un poco de contexto. Hoy el gobierno regional está conformado por un Intendente designado y un Consejo Regional electo. El Intendente cumple dos roles: es el representante del Presidente de la República en la región y el órgano ejecutivo del gobierno regional. El Consejo Regional, en cambio, es el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador del gobierno regional. A partir de la elección de gobernadores regionales del año 2020, la situación cambiará de forma radical, ya que los dos roles que actualmente cumple el Intendente se dividirán en dos cargos diferentes. Así, un delegado presidencial regional -designado por el Presidente- será quien lo represente en la región, mientras que el rol de órgano ejecutivo del gobierno subnacional será cumplido por el gobernador regional electo.

Si hoy en día los Intendentes tienen algún peso en la política regional, es porque son los que representan al Presidente, poseen los principales recursos y coordinan servicios y ministerios. Entonces, parece lógico suponer que quienes concentren el poder en esta nueva estructura regional sean principalmente los delegados regionales designados por el Presidente. Por eso, para que los gobernadores regionales electos puedan hacer una gestión correcta y tener cierta incidencia en la toma de decisiones, es necesario que exista traspaso de competencias y recursos desde el gobierno central.

Lo que se espera de la actual administración es que se haga cargo de su discurso de campaña a favor de las regiones y ponga manos a la obra.

Por esta razón es que la reforma aprobada hace pocos meses, que traspasa competencias a los gobiernos regionales, es trascendental para el éxito del proceso de descentralización. Lamentablemente, las modificaciones no son suficientes y rehúyen de enfrentar ciertos problemas que, a la larga, pueden generar más retrocesos que avances sustantivos. Les pongo un ejemplo: a pesar de que existe una opinión transversal en orden a que los gobiernos regionales no tienen las capacidades necesarias para recibir competencias relevantes, la reforma no se hace cargo y el tratamiento que se le dio al tema en la discusión legislativa no pasó más allá de cuñas para la galería. Lo ideal habría sido establecer fórmulas que permitieran ir preparando las estructuras de los gobiernos regionales para recibir mayores atribuciones. Al día de hoy, y a poco más de dos años de la elección de gobernadores, no parece haber claridad en el ejecutivo sobre las prioridades y los pasos a seguir en la agenda de descentralización. Si bien estas reformas son herencia del gobierno anterior, lo que se espera de la actual administración es que se haga cargo de su discurso de campaña a favor de las regiones y ponga manos a la obra.

Otro aspecto relevante -del que tampoco nadie se ha hecho cargo- es la forma mediante la cual se van a resolver los conflictos que surjan entre gobiernos regionales y el central, con motivo de los traspasos de competencias. Si desde el año 2022 los gobiernos regionales van a poder pedir al Ejecutivo las atribuciones que estimen convenientes, lo mínimo es que existan los órganos adecuados para encauzar las diferencias de criterio entre el gobierno central y el regional.

Es muy fácil que las elecciones se transformen en una suerte de disputa de poder entre el centro y las regiones. Es un deber considerar mecanismos institucionales adecuados, capaces de conducir estas disputas de manera efectiva.

Hay que considerar que las campañas de quienes se postulen a gobernadores regionales -que ya están por comenzar- se basarán principalmente en las necesidades de cada región en particular. Así y todo, se podría esperar que el foco para ser electo gobernador esté en la capacidad de cada candidato para negociar con el gobierno central la transferencia de la mayor cantidad de atribuciones posible. Por lo tanto, será muy fácil que las elecciones se transformen en una suerte de disputa de poder entre el centro y las regiones. Dada la existencia de este probable escenario, se convierte en un deber considerar mecanismos institucionales adecuados, capaces de conducir estas disputas de manera efectiva.

Una vez puesta en marcha la elección, los traspasos de competencias y recursos, la coalición gobernante debiera comenzar a pensar la descentralización al largo plazo.

Por último, los costos que hoy está sufriendo el Ejecutivo por reformas insuficientes no son sólo consecuencia de la administración anterior, sino que también se deben a la ambigüedad política de quienes fueron oposición ayer y hoy son gobierno. La oposición a este proceso -de gran parte de la derecha- fue a medias y con miedo a las posibles consecuencias electorales que significaba oponerse a la agenda de descentralización. No propusieron mecanismos alternativos para disminuir los costos que el proceso podía acarrear, a pesar de que tuvieron innumerables oportunidades de hacerlo. Ahora no queda espacio para la ambigüedad, las reformas ya están aprobadas y es un hecho que habrá elección de gobernadores el año 2020. La buena noticia es que aún queda algo de tiempo para poder sacar adelante este proceso con éxito (o con la menor cantidad de costos posible). No hay duda de que si en esta pasada el gobierno logra hacerlo bien, marcará un punto de inflexión en las relaciones entre el poder central y los gobiernos subnacionales.

Este punto de inflexión se debiera traducir en que, una vez puesta en marcha la elección, los traspasos de competencias y recursos, la coalición gobernante comience a pensar la descentralización al largo plazo, ya no sólo a través de un par de reformas técnicas, sino que también incluyendo a las ideas políticas que la subyacen. Es ahí donde la derecha tiene una oportunidad única para asumir un rol de liderazgo respecto a un tema que genera apoyos transversales y que no ha sido capturado completamente por la agenda de la izquierda. No está de más decir que la pelota ya está en la cancha de La Moneda.

*Publicada en El Líbero el 8 de julio de 2018.