Resistencia verde

Maximiliano Duarte
Investigador

El pasado 5 de junio, la Corte Suprema, en un fallo categórico, ordenó a la empresa Reconsa someter al sistema de evaluación ambiental el proyecto inmobiliario que pretende ejecutar en el sector colindante al “santuario de la naturaleza”, ubicado en las dunas de concón. Como es sabido, la zona que integra el santuario tiene características que lo hacen especial, no sólo en el contexto local, sino que a nivel internacional, pues el sector presenta características arqueológicas únicas, siendo además, el hogar de más de 200 especies de flora y fauna.

En resumidas cuentas, el máximo tribunal señaló que no sólo se deben someter a un estudio de impacto ambiental aquellos proyectos que pretenden ejecutarse “en” la zona protegida, sino también aquellos que se llevarán a cabo en los terrenos colindantes y que potencialmente pueden ocasionarle un daño. De paso, la sentencia sirve como “tirón de orejas” para el Servicio de Evaluación Ambiental, organismo que previamente había eximido a la constructora de cumplir con este requisito.

La decisión de la Corte apunta en la dirección correcta. En los tiempos que corren no parece plausible afirmar que el problema medioambiental es una cuestión que se adecua a los límites territoriales impuestos por el hombre. La naturaleza no responde a dibujos georeferenciales, sino que es un complejo ecosistema donde la acción humana que se lleva a cabo en un sector determinado puede afectar a especies que viven a kilómetros de distancia. Basta con ver los efectos que produce el cambio climático en los campos de hielo para comprender algo que, a día de hoy, no requiere mayor explicación.

Volviendo a las dunas, la constante disputa entre inmobiliarias y lugareños sigue siendo pan de cada día. De acuerdo al mapa de conflictividad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta disputa data de 1993 y se enmarca dentro de los 19 conflictos medioambientales que afectan a nuestra región (la más conflictiva del país), y pese a la importancia de lo que está en juego, aún no se han tomado medidas concretas para ponerle fin. Hoy vemos –nuevamente- que el silencio de las autoridades nacionales es suplido por agrupaciones sociales y vecinos del sector que acuden a los tribunales de justicia, intentando frenar por el mayor tiempo posible un menoscabo irreparable que en algún momento se va a materializar.

Por otra parte, la fecha de la sentencia no es menor. Ese mismo día se celebró el día mundial del medioambiente. Y sólo un par de días antes el presidente Piñera comunicaba al país su compromiso con la biodiversidad, informando medidas concretas para enfrentar el cambio climático, además de la construcción de 7 parques nacionales.

Lo anterior, unido a que nuestro país será anfitrión de la próxima COP25 -donde uno de los temas de discusión será precisamente “la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad”-, forman el escenario ideal para que el Estado, de una vez por todas, se haga cargo y adopte medidas contundentes para proteger las dunas. De lo contrario, nuestra región perderá, tarde o temprano, uno de sus patrimonios ambientales más emblemáticos.

*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 14 de junio de 2019.