El T2 y los cambios urgentes en nuestra institucionalidad

Maximiliano Duarte
Investigador

El anuncio de TCVAL de poner término anticipado al contrato de concesión con EPV ha puesto en vilo la ampliación del T2, lo cual suponía una inversión de USD 500 millones. Este episodio ha visibilizado una realidad que se ha ido acrecentando en nuestro país: la incertidumbre de inversión debido a conflictos socioambientales. Hoy en día, obtener un permiso ambiental –luego de un tedioso procedimiento- no garantiza la ejecución de un proyecto, pues existe el riesgo latente de que la ciudadanía organizada, o sus representantes políticos, utilicen los medios formales e informales para frenar estas iniciativas.

Un estudio elaborado por los investigadores Camila Hernández y Diego Sazo (Movilización y resistencia verde: Los conflictos socioambientales en Chile, 2000-2013) nos permite comprender la magnitud del fenómeno. Este muestra que, de los 100 conflictos socioambientales más mediáticos entre los años 2010 y 2013, en un 74%  de ellos el proyecto cuestionado ya contaba con la aprobación de la autoridad ambiental. Esta traba en la ejecución de las inversiones ha generado un monto en incertidumbre que al año 2011 fue tasado por la SOFOFA en USD 20.000 millones.

Teniendo en cuenta estos datos, cabe preguntarnos cuál es la solución. A mi juicio, esta pasa por reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), generando mayor participación ciudadana e innovando en la conformación de las comisiones de evaluación ambiental.

En cuanto a lo primero, la propuesta de reforma enviada por el gobierno representa un avance importante. Esta contempla la existencia de una etapa de participación ciudadana temprana, es decir, antes de que el proyecto ingrese al sistema de evaluación ambiental. Se pretende que la comunidad dialogue con las empresas involucradas buscando acuerdos que vayan en beneficio común, evitando la conflictividad posterior y otorgando mayor certeza a todos los actores involucrados.

Respecto a  la integración de las comisiones encargadas de calificar ambientalmente los proyectos, es posible ver que el sistema institucional está al debe. Actualmente, estas comisiones están conformadas por el Intendente y nueve Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS), es decir, por autoridades que no fueron escogidas democráticamente y que responden a un sistema de organización administrativa centralizado, siendo todos de exclusiva confianza del Presidente de la República. Una conformación de este tipo genera sospechas legítimas respecto a la representatividad de las comunidades que se verían afectadas por la ejecución de estas iniciativas. Y si bien la reforma que propone el ejecutivo contempla un cambio en este aspecto, deja de lado a un actor importante: el alcalde.

El papel de la máxima autoridad comunal debiera ser clave, pues representa a los habitantes de las comunas involucradas. Sin embargo, su rol queda reducido al de un mero espectador del procedimiento, pudiendo solo hacer observaciones. Esta falta de protagonismo permite explicar por qué su participación comienza a ser preponderante una vez que los permisos ya fueron concedidos, lo cual se refleja en la interposición de recursos que buscan invalidarlos (como ocurrió en el caso del T2). De esta forma, se gesta un escenario de rivalidad “empresa v/s alcalde” que produce asperezas en las relaciones de dos actores que debiesen trabajar juntos para fomentar el desarrollo de las ciudades.

Por lo mismo, la inclusión del alcalde en las comisiones de evaluación debiese ser considerada. Esto no sólo generaría mayor legitimidad y descentralización en la toma de decisiones, sino que además evitaría que este actor pudiera obstaculizar a posteriori los proyectos ya aprobados, pues su papel sería desempeñado durante el procedimiento de evaluación y no después.

Es indudable que nuestra región atraviesa por un delicado momento económico, siendo la única que presenta retroceso económico de acuerdo al Indicador de Actividad Económica Regional (INACER). Sin embargo, el panorama presenta una oportunidad única para forjar una nueva institucionalidad. En este contexto, avanzar en descentralización y participación ciudadana es imprescindible si se pretende lograr un desarrollo democrático, pacífico y sostenible en nuestra región.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 31 de marzo de 2019.