Una causa equivocada para un reclamo justificado

Juan Pablo Rodríguez
Director Ejecutivo Fundación P!ensa

¿Es la división de nuestra actual región el remedio para la hegemonía que ejerce la conurbación Viña-Valparaíso en la toma de decisiones a nivel regional con la consecuente postergación de la población de nuestras provincias no costeras?

Creemos que no y que sería como tratar de sanar una afección mortal con una aspirina: no curará la enfermedad, a lo sumo producirá un (muy costoso) efecto placebo que, ante la realidad de la permanencia de los problemas, rápidamente se desvanecerá y generará en su población la indignación propia de aquel que ha sido engañado.

Mientras el mundo vive una tendencia a la “macro-regionalización” (un ejemplo: Francia el 2014 para recortar gastos pasó de 22 a 13 regiones), Chile vive el proceso inverso dividiendo sus territorios. Ayer fue Ñuble, hoy es Aconcagua y mañana será Limarí, Colchagua o Linares. Estamos volviendo a las históricas 25 provincias, ahora con el nombre de regiones. Pero con una gran diferencia: hoy existen, además, ¡54 provincias!, con toda la burocracia estatal que ello acarrea y que se multiplica con cada nueva región.

¿No será que en vez de, por ejemplo, un seremi de Energía para Aconcagua y otro para Valparaíso lo que necesitamos es una sola autoridad que ejerza para nuestra región, la Metropolitana y la de O’Higgins? ¿No será que los 120 millones de dólares que la nueva región podría costar en un cuadrienio de gobierno (tomando como referencia la nueva región de Ñuble) serían mejor gastados en la construcción del Embalse La Chupalla, que beneficiaría a 2.200 hectáreas entre Alicahue y La Ligua, y no en nuevas autoridades, jefes de gabinetes, periodistas y otros?

Además, la atomización de las regiones es nociva para el proceso de descentralización, tanto porque genera un detrimento en el poder de negociación respecto de Santiago (“divide y vencerás”), como porque frena el traspaso de competencias desde el nivel central al regional, dado que es más difícil para las regiones pequeñas contar con el capital humano calificado para ejercer esas competencias.

A su vez, la elección democrática del gobernador regional que se celebrará el 2020 es una buena respuesta al problema de representatividad, porque los candidatos estarán obligados a buscar los votos en todos los territorios de la región y ofrecer un programa de gobierno específico para ellos, que después podrá ser exigido por la ciudadanía.

Ahora bien, nos parece que el reclamo es justificado. Creemos que el nuevo intendente y el gobierno, que se han mostrado contrarios a la división de la región, deben acompañar esa posición con acciones concretas en favor de la “región cordillera”. Hablamos de aprovechar la oportunidad y transformar a nuestra región en la pionera nacional en descentralización intra-regional, promoviendo acciones audaces como, por ejemplo, desconcentrar territorialmente parte de su burocracia en las provincias del interior, jugársela por una Corte de Apelaciones en San Felipe o priorizar verdaderamente las obras de infraestructura urgentes en tales provincias, entre muchos otros.

Evitar un remedio peor que la enfermedad está en manos del gobierno. Esperemos que esté a la altura del desafío.

*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 27 de mayo de 2018