¿Y los Core?

Por Guillermo Pérez
Investigador Fundación P!ensa

Es muy probable que si usted está leyendo esta columna tenga, más o menos claro, por quién votará el domingo en la presidencial y en la parlamentaria. En caso de que no quiera ir a votar  tendrá sus razones, en las que prefiero no ahondar. No quiero caer en la ingenuidad de creer que con una columna puedo motivar a que usted -tan desencantado- se levante el domingo. Ya sea que pertenezca a quienes votan o no, lo cierto es que existe meridiana claridad respecto a quiénes son los candidatos presidenciales y parlamentarios. El problema es que esta elección no sólo es para elegir al presidente y a algunos miembros del congreso, sino que también a los consejeros regionales. Es aquí donde empiezan las dudas, ¿sabemos quiénes son los que están postulando a consejeros en nuestra región? Incluso parecieran haber preguntas anteriores a esa, ¿qué es un consejero regional? ¿Qué hace?

Como dice el sabio, partamos por el principio. Los consejeros regionales -junto con el Intendente- son los que constituyen el gobierno regional, el cual -en el papel- se encarga del desarrollo social, cultural y económico de la región. El Intendente es el órgano ejecutivo del gobierno regional y es designado por el Presidente de la República, mientras que el consejo regional es un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador compuesto por consejeros regionales, electos por la ciudadanía, cuya finalidad  es hacer efectiva la participación de la comunidad regional en las decisiones del territorio.

En lo concreto, a los consejeros regionales les corresponde -entre otras funciones- las de aprobar los reglamentos regionales, planes reguladores comunales y convenios de programación; aprobar, modificar o sustituir los planes de desarrollo regional y el proyecto de presupuesto regional y -la más importante de todas- resolver la distribución de una cantidad no menor de recursos regionales. Esta última atribución ha generado ciertas suspicacias y más de algún informe de la Contraloría, especialmente por el riesgo de sobornos a los consejeros regionales con el objeto de que voten a favor o en contra de algún proyecto de inversión. El año pasado los consejeros regionales se ofuscaron bastante cuando supieron que una de las modificaciones propuestas en la agenda de descentralización de la Presidenta Bachelet estaba dirigida precisamente a que votaran por marcos presupuestarios y no “proyecto a proyecto” como se venía haciendo. En este mismo sentido y, más allá de lo que pase con esta modificación, urge dotar a la Contraloría de un presupuesto más robusto, para que las oficinas regionales puedan contar con una mayor cantidad de fiscalizadores en los territorios. Esto permitirá que las regiones puedan hacerse cargo de uno de los principales argumentos en contra de la descentralización, que consiste en esa percepción de que las regiones tienden a ser botines políticos, sin capacidad y con probabilidades ciertas de corruptibilidad.

En este mismo sentido,  la democratización de los espacios subnacionales no se termina con la elección de los consejeros regionales. En el largo plazo no es sostenible un modelo de Intendente designado y consejeros regionales electos, ya que -a pesar de sus escasas atribuciones- el Intendente cuenta con el respaldo del gobierno central, las seremías y servicios públicos que funcionan en la región, lo que significa un espacio de poder mucho más amplio que el de los consejeros. Estos últimos cuentan con el respaldo de la ciudadanía pero pareciera ser un respaldo ilusorio, que se afirma más en ser el “agregado” de elecciones más relevantes que en un conocimiento real y profundo de las funciones de los consejeros y las propuestas de quienes postulan. Esto es el reflejo de una descentralización incompleta y la ciudadanía, sin saberlo, pareciera intuirlo, al mostrar escaso interés por una elección que no provocará grandes mejoras en el territorio, donde -a pesar de que voten por Superman- las decisiones se seguirán tomando en Santiago. Mientras no exista elección de gobernadores regionales, los consejeros regionales no tendrán el poder político para hacer que la balanza entre el poder central y las regiones se equilibre.

A pesar de lo anteriormente dicho, hoy en día el cargo de consejero regional pareciera acomodar a algunos, especialmente a los que quieren hacer sus primeras cartas en la política. La remuneración es buena, no es un trabajo a tiempo completo, pueden ejercer su profesión sin problema y para algunos incluso es una plataforma para optar a otros cargos públicos. El problema es que mantener la situación en esta permanente comodidad puede provocar que la institucionalidad regional se mantenga en una suerte de ambigüedad que no responda a las necesidades regionales, aumentando cada vez más la brecha entre las regiones y el poder central. Ideal sería que el próximo Presidente tome cartas en el asunto, para que no sea demasiado tarde y digamos -como García Márquez- que la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada.

*Publicada en La Tercera el 17 de noviembre de 2017