Educación Barata

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Por Andrés Berg
Investigador Fundación P!ensa

La discusión en torno al proyecto de educación superior gratuita parece ser un diálogo entre sordos. Mientras la derecha se esfuerza en poner en valor la realidad económica y la justificada pregunta acerca del uso alternativo de los recursos―como invertir en el Sename, por ejemplo―, la izquierda justifica la gratuidad como un derecho social inalienable de todo ciudadano. Así, por muy utilitario que sea invertir los recursos en los más pobres, desaventajados o en la primera infancia, la lógica de los derechos supera cualquier argumento. Detengámonos por un momento en la lógica de los derechos y la gratuidad para reflexionar de qué forma podríamos adherir a esta idea.

La primera posibilidad es que asumamos que la educación es un bien “superior”, algo así como el aire para vivir, y toda persona, por lo tanto, debe necesariamente educarse para poder realizarse como tal. Existe una larga lista de autores, como por ejemplo John Stuart Mill, Raymond Aron o John Rawls que, a partir de diversos prismas filosóficos, entienden que la educación efectivamente es un bien especial que debe, en cierta medida, ser proveído ampliamente a la sociedad. Sin embargo, para asumir la premisa de la gratuidad, necesariamente debemos plantearnos primero qué tipo de educación es la que cumple con tales características de superioridad. Esto, por supuesto, es algo que ninguno de estos autores consiguió imaginar, pues la idea de la educación trasciende de un mero servicio que se consigue en la sala de clases de una universidad. La educación que logra hacernos los seres humanos que somos, como sostiene Amartya Sen, es un proceso que comienza en la familia, que forja sus cimientos en la infancia, que hace sentido con los vínculos formados en toda la etapa del proceso educativo y que, finalmente, junto a todos los conocimientos y valores adquiridos, ayuda a desenvolvernos como personas libres, más allá de si somos ingenieros, artistas, profesores, técnicos, médicos o barrenderos.

La segunda posibilidad de adherirse a la gratuidad, es la idea que impera en el movimiento estudiantil, en el Frente Amplio y en el gobierno a partir de la tesis de Fernando Atria y el régimen de lo público. La justificación se podría resumir así: para que la educación sea un bien “superior” ―público según Atria―, necesariamente debe ser gratuita. Es decir, no importa―a lo menos por ahora―de qué educación se trate, lo que importa es que sea gratuita. Como vemos, el argumento entiende que la gratuidad es como una especie de fórmula mágica que convierte los bienes de consumo en bienes públicos; que convierte el egoísmo en civilización; que convierte el consumismo individual en realización social; que convierte, en suma, lo malo en bueno. Entonces, si y sólo si, la buena educación tiene que ser gratuita. El gran problema de esta tesis, en mi opinión, es que se asume que el valor de la educación―y todo lo que ello pueda significar―depende únicamente del proveedor, de quien realiza el servicio, por lo tanto, el estudiante no es un sujeto que agrega valor al proceso educativo, sino lo considera como un objeto de ser educado. Por otra parte, esta tesis también asume que el valor de la educación depende primordialmente del precio de ella―tesis con la que Marx probablemente lloraría―, por lo tanto, el problema no es que la educación sea un bien de consumo, sino que sólo el Estado puede transarla.

Como se deja ver, la insistencia en la gratuidad de la educación superior parece estar más asociado con la realización de un capricho ideológico que con el esfuerzo real de mejorar la educación. Invocar sólo el argumento del derecho, además de insuficiente, nos llevará a una discusión etérea entre iluminados. El problema mayor, sin embargo, está en que los efectos probablemente serán muy contrarios a los imaginados por el Gobierno.

La fortaleza del sistema chileno actual―como el de muchos países que tienen nuestro mismo régimen―radica en que las universidades están debidamente financiadas y, por lo tanto, son más competitivas: tienen mejor infraestructura, atraen mejores profesores y cuentan con mayores recursos para la innovación e investigación, entre otras cosas. Y es que no hay nada mágico en esto: los recursos del Estado son muchísimos más limitados que la disposición a pagar de las personas por su educación. Y esto es evidencia suficiente para considerar que la educación no sólo tiene características de bien público, sino también de bien privado. Por lo tanto, los efectos probables de la gratuidad serán que las universidades gratuitas pagarán menores sueldos, crecerán poco, invertirán menos en nuevas tecnologías, bajarán los estándares de calidad, etcétera. En suma, más que educación gratuita, el proyecto del Gobierno proveerá educación barata.

Esperamos que los senadores se tomen un poco más en serio el debate: esto es, que transparenten las ideas que gobiernan sus decisiones y que consideren los posibles efectos que implica la gratuidad. En otras palabras, que legislen a favor de la educación, de la buena educación, y que, por supuesto, recuerden que lo barato cuesta caro.

Publicado en La Tercera el 11 de Agosto de 2017

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