Por Francesca Zaffiri Suzarte, investigadora en Fundación P!ensa
Pocos de quienes estamos leyendo esta columna habríamos imaginado los desafiantes tiempos que estamos viviendo. Iniciamos el 18 de octubre de 2019, con un estallido social acompañado de un nivel de violencia que pocas veces ha visto nuestra democracia. Y es que esta fecha coyuntural marca un antes y después en la historia republicana de nuestro país, porque dentro de todo lo que provocó, ha puesto en duda el orden social, político y económico en el que vivimos.
Luego llegó marzo y la pandemia del coronavirus trajo un nuevo remezón a nuestra sociedad. Y lo que estaba en duda, ahora se ha puesto a prueba. Porque la batalla para contener la pandemia ha significado un despliegue del aparato público en las vértebras del sistema. En la salud, en la economía, en la educación, en el sector privado, y así sucesivamente, para poder mantener la estabilidad del país, y asimismo de quienes vivimos en él.
Pronto llegará el plebiscito y, con ello, la disputa respecto del orden social que queremos. Pues los aires de cambio ya están presentes, y eso hace inevitable que discutamos sobre el balance que debiesen tener dos instituciones claves de nuestro sistema, es decir, el Estado y el mercado. ¿Queremos un Estado benefactor, que se haga cargo de todas las dimensiones de nuestras vidas? ¿Creemos que el sector privado puede generar un mejor equilibrio? ¿Debiese el Estado regular las imperfecciones del mercado? Son solo algunas de las inquietudes que se pondrán a la mesa a la hora de generar la discusión constitucional.
Para dar respuesta a estas interrogantes es imprescindible que la clase política adopte el desafío de comprender el sentir ciudadano en la creación de un proyecto que promueva el funcionamiento del sistema. En este sentido, el presente estudio que hicimos en Fundación P!ensa entrega algunas luces sobre la opinión pública, de las preferencias que tienen las personas de la región de Valparaíso del rol que debiesen cumplir el Estado y el mercado sobre el bienestar, la ayuda estatal y, finalmente, en materia de equidad.
Este último concepto adquiere un carisma particular, porque la desigualdad se ha convertido en una bandera de lucha para distintos movimientos, partidos y figuras políticas quienes, por uno u otro motivo, ven que la inequidad es una suerte de germen dentro del sistema que debe ser erradicado. No olvidemos que el estallido social se desencadenó tras el aumento en 30 pesos del precio del metro de Santiago, hecho que para algunos simboliza, hasta hoy, las desigualdades existentes dentro del sistema.
Porque más allá de la realización –o no- del proceso constituyente, los resultados del actual estudio nos están indicando que la exigencia por mayor equidad en los ingresos ha aumentado con el tiempo y, para este año, el 54% de las personas consideran que los ingresos debiesen ser más equitativos. Preferencia que está presente a nivel comunal y es prácticamente transversal, uniéndose así al fenómeno nacional por mayor redistribución.
De una u otra forma, la crisis política, social y económica en la que nos encontramos ha evidenciado el nivel de malestar que los ciudadanos tienen con el modelo. Frente a esto, el equilibrio entre los roles del estado y el sector privado es elemental a la hora de poder dar una respuesta real a las necesidades de las personas. Quedan veintidós días para saber si la discusión por este nuevo equilibrio quedará supeditada al proceso constituyente, o si podremos buscar una alternativa para poder generar un aparato estatal que logre responder a las demandas ciudadanas.
*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 4 de octubre de 2020