Chile es uno solo

Por Juan Pablo Rodríguez, Director ejecutivo Fundación P!ensa

Fue lo que afirmó con vehemencia el Presidente Aylwin en su discurso de asunción en el Estadio Nacional cuando el público comenzó a pifiar a los militares. Junto con recordarnos que hubo un tiempo donde los políticos defendían convicciones, sus palabras dan cuenta de dos elementos centrales sobre los cuales se ha construido nuestra república: la igualdad ante la ley y la unidad de Chile.

La actual Constitución, en perfecta armonía con nuestra historia institucional, lo consagra en sus artículos 1º (“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”), 3º (“Chile es un Estado unitario”) y 19 nº 2 (“En Chile no hay persona ni grupo privilegiados… Hombres y mujeres son iguales ante la ley”).

A propósito del debate constitucional, y especialmente en lo referido a como éste puede ser una oportunidad para mejorar la forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, se han planteado dos cuestiones que –en la medida que sean mal implementadas- pueden atentar contra la igualdad y unidad de Chile: el reconocimiento constitucional y el establecimiento de escaños reservados en la convención constitucional.

La nación chilena es una e indivisible, es multicultural y se ha construido a lo largo de los siglos. Junto con diversas olas migratorias, destaca el aporte hispano –que nos legó civilización, idioma y religión- y el mapuche –que nos heredó una especial relación con el territorio y el carácter recio del único pueblo originario que resistió por casi cuatro siglos la conquista extranjera-. Bien retrata esto último La Araucana, poema épico del que carecen otros pueblos precolombinos, como los mayas o los aztecas, que si bien fueron más esplendorosos se rindieron fácilmente (Chile, fértil provincia, y señalada/ En la región Antártica famosa/ De remotas naciones respetada/ Por fuerte, principal y poderosa/ La gente que produce es tan granada/ Tan soberbia, gallarda y belicosa/ Que no ha sido por rey jamás regida/ Ni a extranjero dominio sometida).

Reconocer en la Constitución a los pueblos indígenas es un imperativo de justicia, tanto porque hay un daño que reparar como porque es necesario para completar el relato de lo que somos. En el último censo el 12,8% de la población (2.185.792 personas) se consideró perteneciente a uno de estos pueblos, concentrándose en la Región Metropolitana (615.000) y en La Araucanía (300.000). Es importante que este reconocimiento, a diferencia de lo ocurrido en Ecuador y Bolivia, sea sobrio. Se deben evitar fórmulas maximalistas, como la del estado plurinacional, que generen riesgo de secesión o de crear estados independientes dentro de Chile.

Respecto de los escaños reservados, se ha sostenido que existen algunos grupos excluidos que requerirían una forma de representación especial en razón de una marginación histórica en la toma de decisiones. Es por esto que en el Congreso está en discusión una indicación que incorpora 24 nuevos escaños reservados para pueblos indígenas en la convención constitucional, que se agregan a los 155 ya establecidos. Un informe del PNUD afirma que de 12 asambleas constituyentes analizadas, sólo 2 tuvieron escaños reservados (Venezuela: 3 de 131; Bolivia: 3 de 255).

La reserva de escaños, y el fraccionamiento en función de identidades, atenta contra la democracia representativa que descansa en la igualdad esencial de todas las personas. A las personas no se las protege por su origen, cultura, religión o color, sino que por el hecho de ser personas. Lo que fortalece la representación no es la pertenencia a un grupo, es la elección de cada cual. Es el voto no la identidad.

Ahora bien, de insistirse en el mecanismo, debiera privilegiarse la indicación presentada por el Senador Galilea, que al establecer la creación de un padrón especial, incorporar los escaños nuevos dentro de los 155 y fijar un sistema de candidaturas por listas protege mejor la igualdad ante la ley, la certidumbre electoral, la representación y el respeto a la voluntad popular. Además, no atenta contra el plebiscito que legitimó una asamblea de 155 miembros y no otra cosa.

Tenemos la oportunidad de establecer un marco institucional que permita la implementación de leyes que, según los énfasis que le dé cada gobierno, mejore el trato para con nuestros pueblos indígenas y refleje de mejor modo quiénes somos. Pero se deben resistir las pretensiones maximalistas que ponen en riesgo la unidad del país y la igualdad ante la ley. Chile es uno solo y somos iguales.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 8 de noviembre de 2020