Cuestión de principios

Maximiliano Duarte

Director de Estudios de Fundación P!ensa

“Cuestión de principios”

La propuesta de nueva Constitución emplea el término “principio” o “principios” en 75 ocasiones, estableciendo una enumeración exhaustiva de éstos. Por nombrar sólo un par de ejemplos, en materia de educación señala (artículo 35) que ésta se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad y pluralismo; similarmente, establece que el derecho a la seguridad social (artículo 45) deberá estar fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.

Son varias las voces que denuncian desprolijidad del texto debido a la exigencia de configuración de principios -muchos de ellos con contornos difusos-, dificultando el consenso interpretativo.

Un ejemplo de este fenómeno lo pude ver hace unos días en un programa de debate, donde dos grupos de invitados debían convencer a 100 indecisos sobre alguna de las opciones del plebiscito. En un tema tan fundamental como el de las pensiones, y ante la pregunta de uno de los periodistas, los defensores del “apruebo” fueron incapaces de ponerse de acuerdo respecto de si las AFP seguirán existiendo en caso de aprobarse la propuesta constitucional. ¿El problema? El alcance del principio de “solidaridad”. La escena se tornó dantesca cuando el animador le preguntó a una persona del público si le había quedado claro el punto y éste le respondiera que ahora tenía más dudas que respuestas.

Si bien a ojos del espectador esta escena televisiva puede parecerle entretenida, el asunto será bastante menos chistoso cuando sean sus derechos los que estén en juego y un juez deba resolver su caso; no en virtud de reglas claras, sino en base a un puñado de principios engorrosos. Y es que ese es el punto: el texto permite a los jueces sacar conejos del sombrero para dotar de contenido. Activismo judicial puro y duro. Todo bajo la atenta mirada de un Consejo de la Justicia politizado, que repartirá zanahorias o garrotazos a esos jueces dependiendo de si las sentencias satisfacen o no su visión ideológica.

Todos los días somos testigos de innumerables debates entre destacados juristas que defienden una interpretación totalmente opuesta sobre un mismo asunto, lo que denota que el problema parece no ser el intérprete, sino que el texto mismo. Y yo me pregunto: ¿No será mejor darnos la oportunidad de redactar una nueva propuesta que deje menor espacio para imaginación?