¿De qué se felicitan?

Por Víctor Inostroza

Investigador Fundación P!ensa

La aprobación del reglamento de la Convención Constitucional generó que la mayoría de la instancia (Lista del Pueblo, PC, FA y PS) no escatimara adjetivos para alabarse y felicitarse por el objetivo cumplido. Y es que el eventual logro no es menor: pocos creían que en menos de 3 meses de funcionamiento se lograra consenso en torno al reglamento.

Ahora bien, existen múltiples motivos para morigerar el júbilo y que deben preocupar a quienes conciben la Constitución como un instrumento que desconcentra el poder y protege los derechos fundamentales de las personas.

La primera señal negativa es el “traje a la medida” hecho para cubrir la vacancia del constituyente Rojas Vade, permitiendo que sea alguien de su lista el que lo reemplace. Esto perpetúa el fraude electoral cometido por quien le mintió a Chile con un falso cáncer que fue el centro de su campaña, dado que la cifra repartidora que permitió ese escaño no se hubiera obtenido sin ese engaño.

Una segunda preocupación surge de la afirmación reglamentaria de que la Convención es un poder constituyente originario, desconociendo que su función deriva de una reforma constitucional y que, consecuentemente y como todos quienes ejercen funciones públicas, su labor se encuentra limitada y no es soberana. La concentración del poder sin límites es la antesala de las prácticas totalitarias.

Un tercer elemento cuestionable es la aprobación de la sanción al “negacionismo”, que no es otra cosa que la aprobación de la censura y un severo atentado contra la libertad de expresión fuera de toda norma de referencia internacional en la materia. Constituye una “ley penal en blanco” que hoy afecta a los convencionales pero que mañana podría aplicar para todos. ¿Opina usted que no existen presos políticos? Negacionista le dirá la mayoría de la Convención. Se ha instalado algo bien parecido a la neo-inquisición.

Una cuarta señal nociva dice relación con la aprobación de los plebiscitos dirimentes en caso de que una propuesta normativa no alcance el quorum de dos tercios. Esto vacía completamente de contenido la  principal regla indisponible para la Convención, pues desincentiva la articulación de amplios acuerdos. En otras palabras, puede resultar más atractivo para algunos obstruir la deliberación y apostar a un eventual respaldo ciudadano. A ello se suma que la Convención no cuenta con competencias para convocar plebiscitos, de modo tal que la invocación de esta norma la colocaría al margen del Estado de Derecho.

Y un quinto punto que nos debe preocupar es el rechazo a que determinadas libertades formen parte del catálogo de derechos a discutir por la comisión de derechos fundamentales. Mientras ciertos “derechos de la naturaleza”, “derecho al deporte” o de las “disidencias y diversidades sexuales” quedaron incorporados; se decidió excluir, por ejemplo, la “libertad de enseñanza”, el “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, la “libertad de trabajo” o la “libertad de sindicalización”. Pese a que aún no llegamos a la discusión de fondo, lo ya descrito sugiere un evidente ánimo de avanzar hacia un estado docente y cercenar libertades que forman parte de cualquier orden constitucional paradigmático.

¿Constituye un logro el hecho de haber aprobado el reglamento? Claro que sí. Pero es un paso adelante acompañado, al menos, de cinco pasos para atrás. Si queremos una Constitución que sea la casa de todos y nos saque de la crisis una parte importante de la Convención Constitucional debe rectificar en su espíritu de revancha, pues nos están llevando a una Constitución de algunos que atenta contra derechos fundamentales que son la base del constitucionalismo moderno. Aún estamos a tiempo, pero cada vez queda menos.

*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 8 de octubre de 2021