Deberes presupuestarios

Por Jaime Lindh A., investigador.

Una disminución en la “mesada” molesta a cualquiera. Por ello, es entendible que la rebaja en un 7,6% de los recursos para la inversión regional en Valparaíso haya causado un fuerte rechazo entre las autoridades de nuestro territorio.

Este malestar es aún más justificable al apreciar que prácticamente a todas las regiones les aumentaron los recursos, con la excepción de Valparaíso, Tarapacá y Antofagasta, y -peor aún- al observar que en año electoral los fondos regionales de iniciativa local cayeron en un $475 millones (8,4%). Sin embargo, es extremadamente indecoroso el argumento argüido en torno a que “menores recursos son inexplicables dado a que el presupuesto ha sido bien ejecutado”.

¿Cuál es el criterio para otorgarle dicho adjetivo? ¿Por qué el presupuesto fue “bien” ejecutado? Aparentemente nuestras autoridades evalúan el uso de los recursos viendo qué porcentaje de éste se ha ejecutado hasta la fecha. Es decir, si a fin de año se llegó al 100% de ejecución se hizo “bien” la “pega”. Esto es claramente insuficiente si hablamos de la principal herramienta regional para incidir en el bienestar de los ciudadanos.

Si bien el uso de los recursos por parte del Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso amerita una evaluación más seria que abarque criterios de eficiencia y eficacia en la persecución de los objetivos propuestos, también la ejecución de nuestra “mesada” debe ser más transparente. Por ejemplo, para el 2015 se estipularon $1.872 millones en transferencias corrientes a municipalidades y $17.585 millones en transferencia de capital tanto para entidades públicas como privadas. En agosto del presente año se ejecutaron $222 millones (11,9%) y $12.460 millones (89,5%), respectivamente. A pesar de que estos valores son de disposición pública –eso sí, a través de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda-, hay una “caja negra” en torno a la asignación de estos fondos en términos de proyectos, de instituciones u organizaciones responsables, de territorios, de número de habitantes beneficiados, y principalmente, no hay claridad respecto a los objetivos que se buscan alcanzar.

En la actualidad, el GORE de Valparaíso tiene un déficit mayúsculo en transparencia presupuestaria. En específico, el último informe que detalla su ejecución corresponde a diciembre del 2013, siendo los documentos posteriores inútiles para realizar algún otro análisis desagregado, más allá del típico porcentaje de ejecución. Si bien esta realidad se repite en otras regiones, en relación a Coquimbo, el Maule y Los Lagos, Valparaíso está un año y medio atrasado en transparentar la asignación de sus recursos.

En definitiva, el malestar de las autoridades es justificado. Mientras más recursos se dispongan, mayores son las posibilidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Esto no se discute. Sin embargo, nuestro GORE también tiene deberes presupuestarios básicos: transparentar y comunicar de manera clara la asignación de los recursos de todos los ciudadanos periodo tras periodo.