Descentralización en serio

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

Hace algunos días, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se deshizo en críticas hacia los delegados presidenciales regionales, alegando que son un freno de mano al proceso de descentralización. La polémica surgió a raíz de la imposibilidad que tuvo de reunirse con los servicios públicos que operan en la región sin autorización del delegado, habida cuenta que corresponde a este último ejercer la coordinación y fiscalización sobre aquellos. Su opinión quedó resumida en una frase que se hizo viral en redes sociales: “Esa hueá no procede”.

El episodio permite confirmar la importancia que los autores le atribuyen a la elección democrática de gobernadores como hito inaugural de los procesos de descentralización: una vez electos este se vuelve irreversible. Pero, además, deja entrever la constante tensión que existirá entre las autoridades regionales electas y aquellas que son designadas por el nivel central.

Las declaraciones cruzadas entre ambas figuras será la regla general en los meses que vienen, sin embargo, es menester que de esta fricción deriven acontecimientos más significativos que la mera queja a través de los medios. La crítica en contra del centralismo es justa, pero también es cierto que el proceso de descentralización está recién en marcha.

Es pertinente hacer memoria de las reformas de descentralización aprobadas en los últimos años y que comenzarán a regir en el corto plazo. Pienso particularmente en la ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización, publicada en 2018. En virtud de ésta – y de la reforma constitucional que la habilitó-, durante los dos primeros años de cada período presidencial los gobiernos regionales podrán activar un procedimiento administrativo para que el gobierno central les transfiera competencias en materia de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, y que actualmente son ejercidas por servicios públicos sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente.

Es probable que el número y tipo de competencias que logren atraer los gobernadores se convierta en un indicador de su buena o mala gestión. Pero el punto que quiero resaltar es el siguiente. Si Mundaca y su equipo dejan la estrategia confrontacional y comienzan a elaborar los estudios que exige la ley para solicitar nuevas atribuciones durante los años 2022 y 2023, quizás luego puedan hacer algo bastante más trascendental que reunirse con algunos servicios públicos: ejercer directamente sus competencias. Y eso sí que procede.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 19 de agosto de 2021