Diálogos sociales, ¿reforma con quiénes?

Por Manuel Díaz, investigador de la Fundación P!ensa

El gobierno y el mismo Presidente Boric han realizado distintos llamados para colaborar en instancias participativas. Un ejemplo de esto fue el anuncio para delinear la política exterior del país, basado en el caso del Trade for All neozelandés. En la actualidad, se busca hacer lo mismo para definir las reformas al sistema de pensiones, instancia que ya está en curso bajo el rótulo de “diálogos por pensiones dignas”. Por otra parte, los “diálogos sociales: una reforma con las personas”, que se enmarcaron en la construcción de la reforma tributaria, ya fueron realizados y son parte del proyecto presentado por el gobierno. Estos procesos tienen por objeto que las distintas partes involucradas sean escuchadas y puedan generar consensos, para que así las medidas adoptadas cuenten con legitimidad ciudadana.

La inclusión de mecanismos participativos-deliberativos, pese a ser algo nuevo para Chile en el diseño de políticas públicas, no es algo desconocido a nivel internacional. Asambleas ciudadanas, paneles, jurados, diálogos, concilios ciudadanos, encuestas deliberativas, entre otros, son distintos mecanismos que países de la OCDE han aplicado durante los últimos 20 años.

Estos instrumentos se basan en principios que funcionan como ideales que se aspiran a conseguir, y también como herramientas de evaluación que se pueden cuantificar para observar qué tanto se acerca el mecanismo al ideal deliberativo. Entre estos principios está el de publicidad, que apunta a que la información sobre la estructura de la discusión, del proceso y de la toma de decisiones deba estar disponible para la ciudadanía; la representatividad, que dice relación con que el mecanismo tiene que incluir o graficar la opinión de las personas afectadas por los posibles resultados de la política; y la independencia, que implica que todo el proceso -que va desde la selección de participantes hasta el resultado final- tiene que ser dirigido por un agente imparcial. A estos se pueden sumar otros como el de igualdad o escalabilidad, entre otros.

Por otra parte, la estructura de la deliberación es distinta en cada instrumento. Así, de acuerdo a datos de la OCDE, los paneles ciudadanos -de los que Canadá y Australia son pioneros- comprenden una muestra que varía entre 36 a 60 ciudadanos y que tienen una duración promedio de 4.1 días u 11 días dependiendo si el mecanismo opera durante el transcurso de 5 semanas o de 2 años, respectivamente. En estos hay una etapa donde los participantes se informan, otra donde escuchan a distintos grupos de interés para luego deliberar, y una etapa final donde se genera la propuesta de política pública. En contraste, los diálogos ciudadanos generalmente incluyen una muestra de entre 18 a 499 personas, las que se reúnen por 2.1 días en promedio durante cuatro semanas, con una instancia previa de información de 1.5 horas.