Eficacia peligrosa

Maximiliano Duarte

Director de Estudios Fundación P!ensa

El día de ayer, el pleno de la Convención Constitucional aprobó con 104 votos a favor la consagración del “bicameralismo asimétrico”, con una Cámara de Diputados y una nueva “Cámara de las Regiones” que reemplaza al Senado tal cual lo conocemos. Y, si bien las atribuciones de esta nueva institución aún son materia de discusión, todo parece indicar que se impondrá la opinión de los constituyentes oficialistas, de modo tal que tendremos una Cámara de Diputados con poderes legislativos exorbitantes en desmedro de la cámara de representación territorial, acercándonos más bien a lo que muchos han llamado “unicameralismo encubierto”.

Uno de los argumentos más repetidos durante este proceso señala que el actual Senado, así como los cuórum de ley supramayoritarios, constituyen resabios elitistas que operan en contra de la voluntad popular. Por lo mismo, el fundamento del sistema político debiese estar en su propia “eficacia”, de tal suerte que la democracia más perfecta sería aquella que permite a la mayoría imponer sus términos sin mayor resistencia.

A este discurso se le suele acompañar con un dato empírico que no es menor. Y es que, por lo general, los gobiernos no logran implementar ni la mitad de su programa legislativo. En efecto, de acuerdo a un estudio realizado por Ciudadanía Inteligente, el presidente Piñera sólo cumplió con el 42% de sus promesas legislativas. Vale decir, fue un gobierno “ineficaz”.

A lo largo de la historia, diversos pensadores han reparado en los peligros que encarnan este tipo de argumentos cuando son aceptados de manera irreflexiva. La democracia, entendida nada más que como los términos que impone una mayoría, deja expuesta a una parte significativa de la población. El pueblo, decía Mill, puede desear oprimir a una parte de sí mismo, razón por la cual se necesitan precauciones contra esto tanto como contra cualquier otro abuso de poder.

Ahora bien, estas precauciones de las que hablaba el filósofo inglés no se agotan en la consagración de un catálogo de derechos fundamentales. El diseño del poder legislativo aquí es clave, puesto que es a través de la ley que estos derechos pueden ser restringidos. No es necesario levantar la vista tan lejos para apreciar la existencia de regímenes donde la concentración del poder político redunda en una vulneración masiva de derechos fundamentales. Gobiernos con mayoría parlamentaria que son sumamente eficaces, por cierto, pero donde las garantías de los opositores son pisoteadas.

En este contexto, el Senado, así como los cuórum de ley supramayoritarios, juegan un rol nada despreciable: trabajan como dique de contención ante las pulsiones de una mayoría transitoria. Bajo este punto de vista, la “ineficacia” del gobierno que emerge por la acción de contrapesos institucionales es una garantía democrática para las minorías. ¿O acaso alguien estaría realmente tranquilo sabiendo que en cada elección el adversario podría materializar la totalidad de sus ideas?   

Por otro lado, también es posible discutir la aparente eficacia que nos prometen los defensores del unicameralismo o del bicameralismo asimétrico. Y es que, a veces, no tomamos en consideración que las constituciones políticas no son textos sagrados, así como tampoco son reglas que operan en el vacío; por el contrario, estas generan instituciones que se insertan en una cultura política que puede dirigirnos hacia resultados contradictorios.

Un caso evidente de este fenómeno lo podemos apreciar en las discusiones por el cuarto y quinto retiro de fondos previsionales. Como bien sabemos, el cuarto retiro fue aprobado masivamente por la Cámara Baja con el apoyo de todos los diputados que hoy forman parte del gobierno. En esa ocasión, fue justamente el Senado -por un voto de la senadora Goic- quien evitó el descalabro económico. Pues bien, resulta que ahora son los legisladores oficialistas quienes se oponen al quinto retiro argumentado que su aprobación aumentaría en cinco puntos la inflación, imposibilitando el cumplimiento de sus promesas de campaña. ¡Vaya ironía! De no haber existido el Senado en la discusión por el cuarto retiro este se habría aprobado y, en consecuencia, el programa de gobierno del presidente Boric se habría vuelto inviable aún antes de asumir.  En resumen, estaríamos ante un gobierno ineficaz por anticipación, con cargo al bolsillo de los más desfavorecidos y gracias al voto de los propios diputados de la coalición gobernante -incluyendo al mismo presidente quien votó a favor-.

La historia reciente nos sugiere actuar con aversión al riesgo, teniendo en especial consideración la protección de las minorías, puesto que la política electoral es cíclica y en cualquier momento se puede estar en esa vereda. Sin embargo, parece ser que una parte mayoritaria de la Convención Constitucional aún no logra captar esta dimensión del asunto y, confiados en la permanencia indefinida de un resultado electoral circunstancial (80/20), han diseñado un sistema político que concentra peligrosamente el poder político. En otras palabras, han olvidado -o nunca aprendieron-que la clave de un proceso constitucional exitoso está en suponer que será el adversario quién gobernará con las herramientas creadas.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 14 de abril de 2022