Por Juan Pablo Rodríguez
Director Ejecutivo P!ensa. Abogado y Profesor Derecho PUCV
La Convención Constitucional tendrá que responder a la pregunta de cómo repartiremos el poder en nuestro país.
Una manera, frecuentemente olvidada por la elite santiaguina que domina la discusión constitucional, es la “distribución vertical del poder”, es decir, su repartición territorial. La consagración de un Estado unitario-descentralizado, el establecimiento de 5 ó 6 macro-regiones y la modernización de nuestros municipios, para que dejen de ser cajas negras pagadoras de favores políticos, se revelan como aspectos constitucionales que pueden ser útiles para desconcentrar el poder, acercar la toma de decisiones a las personas y ser más eficientes en la provisión de bienes públicos.
Otro modo es la “distribución horizontal”, que tiene que ver, fundamentalmente, con la repartición del poder entre el Presidente y el Congreso. En clave constitucional, responder a la pregunta de qué forma de gobierno tendremos: presidencialismo, parlamentarismo o fórmulas híbridas.
Esta es una pregunta que cruza nuestra historia republicana. En su origen, así como el resto de las naciones latinoamericanas y según dispusieron las constituciones de 1828 y 1833, Chile optó por un modelo de autoridad fuerte y central, encarnado en el Presidente de la República. Con el fin de la guerra civil de 1891 se instauró un “pseudo parlamentarismo” al que se puso fin con la Constitución de 1925, que restauró el régimen presidencial hasta el día de hoy.
Es una pregunta que tiene especial vigencia en la crisis política que vive nuestro país, con serios problemas de gobernabilidad derivados de la pésima relación existente entre la Presidencia y el Congreso. Por una parte, congresistas de oposición han instaurado un verdadero “parlamentarismo de facto”, burlando sistemáticamente las reglas del juego en materia de cuórums e iniciativa exclusiva y abusando de la figura de la acusación constitucional. Por otro lado, como señala Daniel Mansuy a propósito del proyecto de segundo retiro del 10%, la base parlamentaria de la derecha no está dispuesta a pagar ningún costo por defender la figura de la Presidencia y está “contribuyendo alegremente” a su demolición, abdicando en la defensa del presidencialismo, contrariando la historia de ese sector político y nuestra idiosincrasia.
Para algunos este problema de gobernabilidad deriva del “hiperpresidencialismo chileno”, el que parece más teórico que real. Si bien formalmente el Presidente tiene muchas atribuciones (urgencias legislativas, veto, iniciativa exclusiva, entre otras) en los hechos el Congreso es un contrapeso efectivo que controla al Ejecutivo y tiene un rol preponderante en el proceso de formación de la ley. Pareciera que el problema de gobernabilidad actual pasa más por el sistema electoral proporcional de los parlamentarios, que ha polarizado la discusión política, fragmentado el sistema de partidos y diluido la existencia de liderazgos claros con los cuales el gobierno pueda negociar. Una alternativa es transitar hacia un sistema mayoritario, que elija a quien tenga más votos, fomente la conformación de grandes bloques y castigue las posiciones más extremas.
Cualquiera sea la opción que tome el constituyente, en el corto plazo la Presidencia y el Congreso deben recomponer sus relaciones, pues mientras funcione la Convención ambas instituciones mantendrán completamente sus atribuciones y tendrán un rol central para que el proceso sea exitoso. En paralelo al debate constitucional el Presidente y el Congreso deben avanzar en una agenda de reformas sociales profundas que respondan a las demandas ciudadanas y al extendido hastío ciudadano respecto de la clase política que se expresó en diversas manifestaciones. Trabajo, pensiones, salud, trato digno, entre otras muchas. La Constitución por sí sola no resolverá ninguno de los problemas asociados a estas cuestiones y pronto la ciudadanía se dará cuenta.
Si no queremos que la frustración de expectativas trunque el proceso es indispensable que el Gobierno y el Congreso estén a la altura, cedan cada uno en lo suyo y cumplan su rol de colegisladores: traducir los anhelos de la ciudadanía en programas de acción que mejoren la calidad de vida de las personas.
*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 29 de noviembre de 2020