¿Estamos en “crisis”?

Por Jorge Martínez D., director ejecutivo.

Probablemente la palabra más repetida en los últimos tiempos en nuestro país es “crisis”. Se habla de crisis de confianza, de gobernabilidad, de crecimiento, de expectativas, de inversiones, de “modernidad” del estado, de “eficiencia del mercado”, de las “instituciones”, de participación ciudadana,  etc. Tanto se repite la palabra que ya empieza a perder su sentido propio y, en alguna medida, pasa a ser sinónimo de “problemas”. El punto está en que la distancia entre “crisis” y “problema” es de años luz, por leve o temporal que sea la crisis o grave y permanente que sea el problema.

Cuando hablamos de “crisis” solemos asociarla a eventos o procesos traumáticos e irreversibles y, en nuestra historia republicana, a situaciones sociales inestables, peligrosas y radicales. Peyorativamente, en un país tan vapuleado por la naturaleza, se le agregan como sinónimos los términos “emergencia” o “desastre”. Dado lo anterior, y si hacemos un esfuerzo -poco común en estos tiempos- de objetividad, parece que más bien tenemos serios e incluso graves problemas, que pueden devenir en crisis si no son controlados. Pero desde la perspectiva del estado de derecho y de la legitimidad de las instituciones, no parece que – al menos hoy – estemos frente a un desastre inminente.

De hecho, los Tribunales de Justicia siguen dictando sentencias, el Congreso legislando y el Gobierno –a su modo- gobernando. No estamos en una situación inminente de una amenaza real de guerra externa ni de una revolución armada interna. Tampoco aparecen en el horizonte profundas divisiones “reales” respecto al tipo de gobierno o al sistema republicano y democrático-representativo vigente. De “ruido de sables”, ni hablar.  No aún, al menos.

Pero no cabe duda alguna que tenemos problemas. Incluso algunos de ellos muy serios y que pueden causar un daño grave a la estabilidad del país; y, como hemos señalado, generar una verdadera crisis. El listado es largo, pero para tratarlos adecuadamente nos referiremos hoy sólo a uno de ellos: el deficiente gobierno que estamos “sufriendo”.

Al respecto, resulta injusto suponer “malas intenciones” de nuestros gobernantes. Por el contrario y suponiendo la buena fe –como debe ser-, es probable que tengan las mejores de ellas. Pero no se gobierna sólo con intenciones, sino con políticas públicas sensatas, posibles y que hagan sentido con las necesidades del país. Obviamente destinadas al bien común de “todos” y sin sesgos ideológicos que generen la sensación de “gobernar para beneficiar a unos y perjudicar a otros”, como si fuesen mundos paralelos de “buenos y malos” (como ocurrió en la lógica de la guerra fría). El gobierno ha generado la imagen de que todo lo que suene a “privado” es abusivo, injusto y egoísta; y que el “Estado” debe intervenir para que estos pequeños o grandes monstruos, amantes del lucro, sufran el castigo que merecen por las “ganancias” obtenidas en las últimas décadas de la Concertación.

Hoy, los “castigados” son los empresarios (reforma tributaria), los pequeños y medianos emprendedores (reforma laboral), la gran y emergente clase media chilena, que sólo quiere ser parte de los beneficios del desarrollo a través de la movilidad social, los colegios subvencionados y las universidades privadas (reforma educacional). También las regiones, cuando se nos promete -y luego niega- la descentralización del país. Este es el primer y grave problema nacional: El ideologismo a ultranza (y algo de populismos) frente a las reales problemáticas ciudadanas. De los demás “problemas” hablaremos en columnas siguientes.