Por Ricardo Vásquez Dazarola
Abogado y LLM de la Universidad de Leiden. Colaborador de P!ensa
El 2021 es un año muy importante para nuestro país. En abril, si la pandemia lo permite, se efectuarán las elecciones más grandes de nuestra historia, donde se elegirán los representantes de la asamblea constituyente, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y, unos meses más tarde, se realizarán las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Todo lo anterior en pleno proceso de vacunación en contra del Covid-19.
De esa forma, dada la tendencia hacía la digitalización y el rol cada vez más importante de estas plataformas, particularmente durante eventos políticos o situaciones de crisis, se hace imperativo contar a la brevedad con una estrategia nacional que, respetando la libertad de expresión como derecho fundamental, permita un adecuado enfoque para enfrentar este problema.
Dicha estrategia debe tomar en cuenta la experiencia internacional en este campo e incluyendo a mi juicio, las siguientes cuatro líneas de acción:
En primer lugar, se debe empoderar a la ciudadanía mediante programas de educación literaria dirigido a estudiantes y campañas de sensibilización hacia al público general para enseñar cómo informarse en las redes sociales. Aquí se podría seguir el ejemplo de Suecia que puso en práctica un programa enfocado a incrementar las habilidades digitales de sus estudiantes, incluyendo la detección de noticias falsas.
Adicionalmente, implementar una red potente e independiente de fact-checkers (verificador de hechos), es necesario para detectar y exponer la desinformación. En este aspecto, la colaboración con medios tradicionales y cumplir con parámetros objetivos, como los Principios de la Red Internacional de Verificación de Datos son fundamentales para sus labores y así promover noticias de fuentes fidedignas.
Por otro lado, aumentar la transparencia en las redes sociales, particularmente durante periodos de elecciones, es primordial para el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, se podría fortalecer la legislación electoral con el objeto de transparentar la publicidad de carácter político. Así se podría detectar fácilmente quien está detrás del financiamiento de las campañas y la publicación de avisos de esta naturaleza.
Finalmente, la prevención y coordinación directa entre instituciones como la Onemi o Servel con plataformas sociales (ej. Facebook) es esencial para responder en tiempo real ante eventos extraordinarios. Esto permitiría enfrentar de manera más integral las primeras horas posteriores a una situación de complejidad, como un terremoto, considerando las avalanchas de desinformación que se genera y el rol clave que hoy tienen las redes sociales para enfrentar situaciones de emergencia.
La desinformación en línea es un problema complejo y que irá en aumento dado el creciente uso de las redes sociales como medio informativo. Por aquel motivo, es clave generar espacios de discusión que incentiven encontrar la manera más idónea de implementar una estrategia nacional para combatir la desinformación y así disminuir su efecto negativo. Lo anterior, sin embargo, debe realizarse siempre mediante una mirada multidimensional, como la antes señaladas, y con la participación de diversos actores que permita aplicar en conjunto medidas a corto, mediano y largo plazo dirigidas a producir un real impacto (positivo) en la sociedad.
*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 8 de abril de 2021