Inflación y prioridades

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

¿Cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno?

Desde hace seis años que la Fundación P!ensa realiza esta pregunta a 1650 habitantes de la región de Valparaíso a través de su Estudio de Opinión Política. En casi todas sus versiones, los problemas que han ocupado los primeros cinco lugares del ranking de prioridades han sido delincuencia, educación, corrupción en política, salud y empleo, variando solo el orden de prelación. La única excepción hasta ahora había sido el 2020, año en que pensiones, con un 34% de menciones, se ubicó en el tercer lugar de las urgencias en desmedro de empleo, que salió del top 5. La variación quizás no fue tan sorpresiva si consideramos que el tema de las pensiones generalmente ha tenido un número de alusiones relevante -el año 2019 ocupó el sexto lugar- y se ha posicionado con especial fuerza a propósito del estallido de octubre.

Sin embargo, al mirar los resultados de este año, no puedo sino resaltar un dato particularmente revelador que denota una alteración significativa en el orden de prioridades y nos alerta de un fenómeno que debemos mirar con especial atención, esto es, que la inflación se ha transformado en una de las principales preocupaciones para los ciudadanos de nuestra región. Así, mientras el 2020 este flagelo solo fue mencionado por un 8% de los consultados – ocupando el lugar número 12 del ranking-, ahora su porcentaje de referencias aumentó prácticamente el triple, posicionándose como el quinto problema que más preocupa a los habitantes de nuestra región con un 23% de menciones. Es más, si el año 2020 solo un 3,7% de los respondientes lo incluyó en su primera mención, el año 2021 esa cifra subió al 16,3%.

Cualquiera que haya seguido la discusión pública el último tiempo sabrá que el alza de precios es un tema que se ha robado la atención de los especialistas. A modo ejemplar, y con ocasión del proyecto de ley que a permite un cuarto retiro de fondos de pensiones, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ha advertido constantemente a los parlamentarios sobre las perniciosas consecuencias económicas que su aprobación provocaría en esta materia, destacando que la inflación ya está sobre un 5% cuando la meta del órgano emisor es mantenerla bajo un 3%. De vuelta la respuesta no se hizo esperar; “Catastrofista”, “Indolente” o “adorador de la virgen de puño” fue lo más suave que le dijeron los senadores de la comisión del Senado al recientemente premiado banquero socialista. Lo anterior quizás habría sido meramente anecdótico si no fuera porque a la fiesta de epítetos se han sumado líderes de opinión que irresponsablemente han afirmado que la inflación es un tema que no importa al ciudadano de a pie, sino más bien a la elite economicista o al chileno “aspiracional”.

Harían falta ríos de tinta para atizar en su justa medida al comodín del “fachopobrismo” como recurso argumentativo por parte de un sector político que no tiene ninguna intención de elevar la calidad de la conversación, pero el colmo es que, para más remate, el fondo de la crítica está también alejado de la realidad. Y es que, al desagregar los datos de nuestro estudio según estrato socioeconómico, podemos ver que, contrario a lo sugerido por estos sarcásticos comentaristas, quienes más resienten los efectos de la inflación son justamente los más pobres. En efecto, para el segmento ABC1/C2 de los respondientes, la inflación o alza de precios aparece recién en el cuarto lugar de las primeras menciones, mientras que para los segmentos D y E este ítem figura en el segundo lugar de prioridades, solo por detrás de la delincuencia.

De un tiempo hasta ahora, hemos sido testigos de una deliberación política que, huelga decirlo, parece alejarse cada vez más de la evidencia aportada por la ciencia económica, inclinándose a favor de una precaria argumentación que apela a lo que aparentemente sería la verdadera voluntad popular. Pues bien, si ese continúa siendo el escenario en lo sucesivo, entonces lo mínimo que podemos exigir a los tomadores de decisión es que al menos realicen un esfuerzo genuino en orden a recabar con mayor precisión la percepción de la ciudadanía. Instrumentos como el nuestro permiten hacer ese trabajo y constatar que, muchas veces, detrás de los eslóganes y de las etiquetas hay un problema que realmente está afectando la calidad de vida de los más vulnerables.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 24 de octubre de 2021