Por Juan Pablo Rodríguez
Director Ejecutivo P!ensa. Abogado y Profesor Derecho PUCV
Febrero de 2020, Viña del Mar. Un señor con chaleco reflectante, que oficiaba circunstancialmente de director del tránsito en el centro, me invita a parar a cambio de una propina. Algo incrédulo me detengo y miro una escena que poco tenía que envidiarle a una distopía hollywoodense: el Hotel O´higgins vandalizado, los semáforos destruidos, una humareda de barricadas y lacrimógenas, los muros de los edificios completamente rayados con amenazas y en cada cruce un colega del señor que -con especial diligencia e histrionismo- ordenaba el tráfico. A quince metros, una pareja de carabineros miraba fijamente -quizá con razón- hacia los pocos metros en que nada ilegal estaba ocurriendo.
En los meses siguientes al 18-O en buena parte de nuestras ciudades estaba “todo permitido”, enseñándonos a una generación, por primera vez, que la democracia y el estado de derecho no están asegurados. Pero pareciera que esta anomia y falta de valores compartidos se viene incubando en Chile desde antes del 18-O y está lejos de haberse retirado con la dilución de la violencia más cruda.
Esta actitud desafiante al ordenamiento jurídico no es patrimonio exclusivo de los ciudadanos. El gobierno dejó muchas veces de ejercer sus facultades constitucionales para controlar el orden público y, en razón de la contingencia, ha obviado recurrir al TC frente a proyectos inconstitucionales. Algunos jueces están dispuestos a fallar contra el texto expreso de ley, haciendo activismo y transformándose en legisladores en las sombras sin tener la legitimidad democrática. En esta carrera poco noble el Congreso lleva varios cuerpos de ventaja.
La Presidenta del Senado a propósito del post-natal de emergencia dijo que prefería cometer un “sacrilegio con la Constitución y ser destituida antes que pasar sobre una demanda urgente de las madres”. Hoy es frecuente que, con el propósito de burlar la iniciativa exclusiva que razonablemente tiene el Presidente en proyectos que irrogan gasto fiscal, los parlamentarios presenten materias propias de ley como “reformas constitucionales”. A su vez, eluden sistemáticamente el cuórum de 2/3 que requieren determinadas reformas constitucionales, a través del resquicio de consagrarlas como disposiciones transitorias dada la pandemia.
En este contexto de falta de respeto a las reglas del juego no parece fuera de lugar la moción de la diputada Vallejo que –contrariando el acuerdo del 15-N y la voluntad soberana expresada en el plebiscito- busca que la Convención Constitucional pueda, por mayoría simple, definir que las nuevas normas constitucionales sean aprobadas por mayoría simple y no por los 2/3 que establece el acuerdo.
La regla de los 2/3 fuera de ser razonable (es común en derecho comparado; obliga a acuerdos amplios que proveen estabilidad normativa; protege a las minorías, etc.) es la regla que se acordó y que permitió una salida institucional a la crisis. El Partido Comunista, que descree de la democracia representativa y suscribe más bien una de tipo “bolivariano”, parece querer una “Constitución de revancha” y no una que nos represente a todos y permita la legitima disputa programática entre las distintas coaliciones a través de elecciones periódicas.
Las reglas que como sociedad nos hemos dado son las que permiten que se desarrolle nuestra vida en sociedad sin que se aplique la “ley del más fuerte”. La democracia, en buena medida, es un sistema de reglas que permite ejercer nuestra libertad con respeto a la del resto. El recurso al “sentimiento de justicia” de cada cual para saltarse las reglas, bajo la apariencia de bondad, esconde pulsiones antidemocráticas.
Una de las respuestas fundamentales que tendrán que dar los constituyentes no tiene que ver con el clivaje izquierda-derecha, sino con si se cree -o no- en la democracia constitucional. En el respeto a las reglas y el estado de derecho. En que la Constitución no tiene que ser la revancha de un sector, sino que un instrumento que organice el poder, proteja nuestros derechos fundamentales y permita que los chilenos elijamos qué programa de gobierno queremos a través de elecciones periódicas.
La democracia constitucional está acechada y hay que protegerla.
*Publicada en El Mercurio de Valparaíso el 22 de noviembre de 2020