La democracia que queremos

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

¿Qué tipo de democracia queremos? En los meses que siguen, los integrantes de la Convención Constitucional deberán deliberar y ofrecer una respuesta a esta interrogante.

Para ello, un buen punto de partida pasa por reconocer que cuando hablamos de democracia no siempre nos referimos a su significado etimológico – “gobierno de la mayoría”-, sino que también a lo que usualmente se entiende como “democracia liberal”. Junto con la celebración de elecciones periódicas, las democracias liberales comprenden la existencia de una serie de instituciones independientes que velan por la protección de nuestros derechos fundamentales. Al frente, es posible identificar un tipo de democracia denominada “iliberal”, la cual se caracteriza por la fragilidad de sus mecanismos de protección independientes del poder político. Es decir, se tratarían de democracias en un sentido meramente formal.

Al día de hoy, esta clasificación parece ser bastante más trascendental que aquella que distingue entre “democracia directa” y “democracia representativa”, la cual descansa en la manera en que el pueblo ejerce la soberanía—ya sea sin intermediación de órganos representativos (directa) o a través de representantes electos por la ciudadanía (representativa)—. La razón de ello es tan sencilla como angustiante. Distintos académicos han denunciado que las democracias liberales están siendo acechadas por una serie de fenómenos que tensionan su estabilidad, poniendo en peligro el debido resguardo de las libertades individuales.

Uno de estos peligros recae en el éxito de los proyectos políticos de corte populista. Siguiendo en esto a Mudde y Rovira, el populismo es una ideología que considera que la sociedad está dividida en dos grupos antagónicos, el “pueblo virtuoso” y la “élite corrupta”. En ese marco, el populista sostiene que la política debiese ser la expresión de la voluntad general. Y, por lo mismo, quienes suscriben esta ideología consideran que algunos mecanismos institucionales propios de las democracias liberales—tales como el Tribunal Constitucional o el Banco Central—serían artilugios dispuestos por la elite para inhibir la incidencia de la auténtica voz del pueblo.

En Chile esta retórica parece estar en auge. De un tiempo hasta ahora, distintos líderes de opinión han despotricado en contra del Tribunal Constitucional, señalando que éste es un órgano “antidemocrático” que atenta contra la voluntad popular expresada a través de sus congresistas. Bajo esta mirada, el verdadero objetivo de esta institución consistiría en resguardar los intereses de la elite económica. El problema de esta argumentación es que pasa por alto que la función del Tribunal Constitucional es justamente resguardar el respeto a la Carta Fundamental. Es bajo esta premisa que, por ejemplo, declara inconstitucionales aquellas normas que restringen derechos fundamentales sin autorización de la misma Carta Magna. Pues bien, este mecanismo de control, propio de las democracias liberales, está diseñado para proteger nuestros derechos fundamentales de aquellas mayorías circunstanciales que pretendan socavarlos. En este sentido, es curioso el paralelismo que existe entre este tipo de discurso y aquel empleado en público por el expresidente norteamericano, Donald Trump, quien afirmaba que los jueces eran los enemigos del pueblo.

Una idea similar parece estar fraguándose en torno a la independencia del Banco Central. Cada vez se suman más voces que exigen su “democratización”, bajo pretexto de que su configuración tecnócrata, asociada a la clase alta, impide que sea el verdadero pueblo quien determine la política monetaria, privándosele injustamente de un espacio de incidencia política. Nuevamente, este razonamiento omite considerar que las democracias liberales optan por este modelo para controlar de manera más eficiente la inflación y la estabilidad del sistema financiero, en el entendido de que entregar las decisiones en este ámbito a los vaivenes de la política partidista podría generar un alza de los precios que se traduzca en la disminución del poder adquisitivo de las personas.

En la antesala de uno de los procesos democráticos más importantes de nuestra historia, sería deseable que los candidatos a ocupar una silla en la Convención Constitucional ofrecieran una visión respecto de estos ámbitos. Que nos señalen en qué medida la decisión final de algunos asuntos debiese estar entregada a un organismo ajeno a la influencia del color político de turno. En esa declaración será posible percibir, en parte, el tipo de democracia que podríamos esperar de ellos, además del grado de amenaza al que estarán expuestas nuestras libertades básicas.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 18 de abril de 2021