La guerra y el improbable cese de la violencia en Ucrania

Tomás Villarroel

Investigador Fundación P!ensa

Académico Facultad de Artes Liberales Universidad Adolfo Ibáñez  

Largas son las sombras de la violencia desatada después de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero. El mundo ha visto los crímenes de guerra cometidos contra civiles en la ciudad de Buja, el irrespeto a las convenciones de guerra en Mariupol –ciudad en la que se reportan preliminarmente hasta 20.000 civiles muertos– y muchas otras fechorías. Es cierto que muchos delitos aún deben ser cabalmente investigados, verificados y calificados. Pero también parece ser cierto que la evidencia de los crímenes cometidos es tan abrumadora que esgrimir el argumento de que primero hay esperar los resultados de las investigaciones judiciales –por ejemplo, de la Corte Penal Internacional en La Haya– sería como intentar tapar el sol con un dedo. Por el contrario, la gravedad de los atropellos a las normas más básicas de humanidad así como la amplitud del abanico de delitos descubiertos, refuerzan –día tras día y semana tras semana– la convicción de que aquí no hablamos de fake news, sino de una realidad tan escalofriante como indesmentible. No sólo se trata de fusilamientos de civiles en plena calle –como en Buja, Irpin y otros–, de bombardeos de viviendas de población civil y de vastos sectores residenciales, del corte de servicios básicos –como el agua– y de torturas. También se trata de violaciones de mujeres –nuevamente en Buja– y de deportaciones. 

Este último aspecto se inserta dentro del arsenal de recursos que ha implementado Moscú en su intento por destruir al estado-nación ucraniana e intentar subyugarla. La base de esta ideología expansionista se encuentra, entre otros, en el ensayo pseudo-histórico de Putin del año 2021: “Sobre la unidad histórica entre Rusia y Ucrania”. Rusia ha trasladado, de acuerdo a sus propias declaraciones, a 600.000 personas desde Ucrania a su propio territorio. Lo que el gobierno ruso denomina eufemísticamente “evacuaciones”, es denunciado por Ucrania como “deportación forzosa” y “secuestro”. Por lo pronto, 95.000 ucranianos serán distribuidos forzosamente en todo el vasto territorio ruso. Esta política de deportaciones trae al recuerdo los desplazamientos forzados de la época Stalin, que a su vez tuvo sus antecedentes, a menor escala, en la época zarista. Stalin combinó en los años del Gran Terror (1936-1938) el fusilamiento de “nacionalistas” con la reubicación forzosa de decenas de miles de personas de nacionalidad ucraniana, bielorrusa y polaca en Asia Central. Previamente Ucrania sufrió en el marco de la colectivización del agro, junto con unos pocos territorios en partes del sur de Rusia y el norte de Kazajastán, la “gran hambruna” (Holodomor) en los años 1932/1933, con un saldo de 4 millones de ucranianos muertos. 

El pacto Hitler-Stalin de 1939 volvió a intensificar la violencia. Más de 300.000 personas fueron deportadas desde la actual Ucrania occidental a Siberia y Asia Central. Entre las nacionalidades afectadas nuevamente se encontraron ucranianos, polacos y bielorrusos. Esta vez engrosaron las listas de deportados contingentes de judíos. Después de la invasión alemana a Rusia, las deportaciones, lejos de reducirse, se mantuvieron como parte de la política soviética. Esta vez las víctimas fueron los tártaros de Crimea, quienes sufrieron la deportación a Asia Central, muriendo unos 8.000 en el trayecto hacia las estepas asiáticas. Fueron especialmente mujeres y niños quienes encontraron la muerte hacinados en vagones de carga, con raciones de alimento y de agua insuficientes. En el destino, los sobrevivientes –unos 200.000– fueron confinados en campos “especiales”, donde otros tantos encontraron la muerte. Si se suma el total de deportaciones de diversas nacionalidades, el dictador soviético ordenó el desplazamiento forzoso de 2 millones de personas durante la “Gran Guerra Patria”.

Por último y ante los hechos actuales, es difícil soslayar la experiencia histórica de que la finalización de las hostilidades o que la consumación de la ocupación forzosa de territorios extranjeros traiga consigo el fin de la violencia. El caso de la matanza de miles de oficiales polacos en Katyn, Polonia, el año 1940, a manos de agentes soviéticos, muestra que la subyugación de una determinada población o nación no significa el fin de los crímenes. Elocuente es la advertencia que hace en el mismo sentido la historiadora Franziska Davies. Ella afirma que Putin se mueve en la línea de la política de nacionalidades soviética de las décadas de 1930 y 1940, y que la violencia en los territorios ocupados de Ucrania se instaló desde el comienzo de la guerra. Ejemplos de lo anterior son Irpin, Buja y Mariupol, ciudades donde no sólo se han denunciado diversos crímenes, sino también deportaciones forzadas hacia territorio ruso. Davies enfatiza que la investigación histórica ha mostrado que el fin de las operaciones de guerra no significa necesariamente el fin de la violencia estatal del vencedor. Así lo muestran los casos de la ocupación nazi en Ucrania y la ocupación soviética en Polonia en los años 40. El balance es que bajo una ocupación foránea muchas veces son asesinadas, aterrorizadas o deportadas una cantidad de personas similar a las que sufren lo mismo durante una guerra. Por ahora, el duro curso de los hechos parece indicar que mientras Putin siga en el poder no habrá un fin rápido al conflicto, ni tampoco un trato humanitario a la población ucraniana, ya sea que ésta vista uniforme o de civil. El argumento histórico sugiere entonces que la alternativa de la rendición de Ucrania –esgrimida por algunos– no será seguida necesariamente por un cese a las atrocidades. Putin entiende otro lenguaje.