La legitimidad de abril

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

Sin perjuicio de la inestabilidad política y social develada a partir de la crisis de octubre, nuestro sistema electoral ha sabido mantener su prestigio. Así, y diferencia de otros países en los que se pone en tela de juicios los resultados electorales, la inmensa mayoría de los chilenos confía en la transparencia de nuestros comicios, factor que es fundamental para una sana convivencia democrática.

Quizás por lo mismo, al anunciarse la intención de dividir las elecciones de abril en dos días -sábado 10 y domingo 11- algunos líderes de opinión hicieron saltar las alarmas: ¿Para qué innovar en la logística de la elección más importante de nuestra historia reciente si es que las cosas venían funcionando tan bien?

El escenario sanitario actual, donde se ha visto un explosivo aumento en el número de enfermos, unida a la interminable lista de candidatos que estarán en la papeleta, aconsejan buscar soluciones para evitar aglomeraciones y focos de contagio, los que se verían incrementados a raíz del tiempo que demorará cada elector en escoger su preferencia.

En este contexto, si la propuesta presentada por el Gobierno prospera -ésta se encuentra en comisión mixta luego de ser aprobada por el Senado y rechazada por la Cámara- las personas podrán sufragar durante dos días seguidos. Por lo tanto, y a diferencia de procesos previos, los vocales de mesa deberán sellar las urnas al finalizar la primera jornada para que éstas sean custodiadas por funcionarios de las fuerzas armadas hasta el día siguiente. Ahí estaría el meollo de la cuestión. Según algunos, ello podría significar que sectores radicales acusen fraude electoral en caso de obtener un resultado desfavorable, denunciando manipulación de las urnas y poniendo en riesgo la legitimidad del proceso constituyente.

Tomando en cuenta ésta y otras consideraciones, quizás es más conveniente celebrar conjuntamente las elecciones municipales con la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, manteniéndose la fecha original -11 de abril- sólo para la elección de los convencionales constituyentes y la primera vuelta de gobernadores, así se conserva la ininterrupción de cada proceso aislado. De esa forma también se evitarían las aglomeraciones, se disiparían las dudas respecto a un eventual fraude electoral y se ahorrarían costos en la organización de una jornada adicional. Tres pájaros de un tiro.

Ahora bien, si el camino que se escoge es otro sólo nos queda remar para el mismo lado. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil jugarán un papel clave defendiendo la legitimidad de las elecciones de abril, porque acusaciones infundadas y fake news seguramente habrán de sobra. En esa defensa descansa un hito fundamental. Nada más ni nada menos que la salida institucional para la crisis política y social más grave de los últimos 50 años.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 7 de marzo de 2021