La otra normalidad

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

Cinco senadores han presentado un proyecto de indulto general en favor de quienes cometieron, o estén siendo investigados, por delitos realizados en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, a partir del 7 de octubre de 2019. El “ofertón legislativo” -porque la verdad es que es difícil catalogarlo de otra forma- comprende a los autores, cómplices y encubridores de una serie de delitos, entre los que se encuentra el daño a la propiedad ajena, atentado contra la autoridad, retención de vehículos de transporte público de pasajeros, incendios y homicidio frustrado.

De acuerdo a sus promotores, los fundamentos de esta medida descansan en la “convicción de que una ley de indulto general para quienes serán beneficiados, ayudará a reconciliar a la sociedad y será una contribución para recuperar la normalidad institucional y el correcto funcionamiento del régimen democrático y las garantías procesales”. Una argumentación como esta amerita algunos comentarios.

Como todos sabemos, el Estado detenta el monopolio de la fuerza física para salvaguardar nuestras libertades e impedir que prevalezca la ley del más fuerte -el estado de naturaleza hobbesiano-. Por su parte, la democracia como forma de gobierno de las mayorías, permite que a través de la deliberación pública nuestros representantes, en ejercicio de la soberanía popular, acuerden las reglas de convivencia social.

El “correcto funcionamiento democrático” supone, entonces, que sean las mayorías representadas en el Congreso, y a través de un procedimiento reglado, quienes determinen qué conductas son merecedoras de la aplicación de la fuerza estatal, entre las cuales se encuentra la privación de libertad en recintos penitenciarios.  A su vez, la “normalidad institucional” implica que los órganos encargados de velar por nuestra seguridad cumplan con su mandato, aplicando la fuerza conforme a la ley en aquellas hipótesis en que la sociedad organizada autorizó y ordenó su uso.

Ahora bien, según la lógica de los senadores que presentaron este cuestionable proyecto de ley, el indulto a quienes quemaron negocios, iglesias, vehículos, paraderos y estaciones de metro – provocando, en consecuencia, la pérdida de más de 300 mil empleos-, junto al perdón de quienes deliberadamente hicieron todo lo posible para matar a otros, pero sin éxito -homicidio frustrado-, ayudaría a “reconciliar a la sociedad” y a retornar a la normalidad institucional.

Vaya a saber uno cómo podría reconciliar a la sociedad el dejar libres a quienes andan por ahí queriendo matar ciudadanos o provocando incendios. Sin embargo, me parece más curiosa aún la alusión a la “normalidad institucional”. ¿No será que la normalidad institucional opera en la lógica opuesta a la sugerida por estos parlamentarios? ¿No es lo normal que a quienes se les atribuye la comisión de un delito sean investigados por un órgano autónomo y juzgados por un tribunal colegiado imparcial? ¿No es lo normal, acaso, que a quienes se declaren culpables de delinquir, bajo un estándar de convicción “más allá de toda duda razonable”, se les aplique las consecuencias jurídicas que la sociedad en su conjunto estableció con anterioridad a la fecha de la perpetración del hecho?

Hasta ahora prácticamente todas las instituciones- fiscalía, tribunales de justicia, organismos internacionales, partidos políticos, entre otros- han manifestado su categórico rechazo a este irresponsable proyecto. Sin embargo, sería bueno que sus autores respondieran a la pregunta que subyace a su fundamentación: ¿qué es lo que ellos entienden por normalidad institucional? Quizás conociendo esa respuesta la ciudadanía pueda tener elementos de juicio para decidir en las próximas elecciones qué tipo de normalidad es la que debe imperar en nuestra convivencia social. Probablemente esos senadores se encuentren con la sorpresa de que la inmensa mayoría de los chilenos rechaza vivir bajo el alero de esa otra normalidad.

*Publicada por La Tercera el 21 de diciembre de 2020