Los buenos y los malos

Por Juan Pablo Rodríguez, Director ejecutivo Fundación P!ensa

De un tiempo a esta parte en nuestro país se ha instalado el fenómeno de dividir al mundo entre buenos y malos. Los buenos son los que comparten mi visión de justicia y los malos son los del frente.

El plebiscito constitucional –quizá de modo inevitable- acentuó esta realidad. Obligados a reconducir los muy diversos grises que tiene nuestra sociedad a dos opciones antagónicas, el debate estuvo marcado por la caricatura y la superioridad moral, tanto desde una parte de la izquierda como desde una parte de la derecha.

De mantenerse esta actitud infantil será difícil darnos una Constitución. Quien va por la vida sin prejuicios habrá constatado que hay gente buena y mala en todos lados y que, en general, las personas no somos ni tan buenas ni tan malas.

Este maniqueísmo contemporáneo está, a su vez, incentivado por las redes sociales. Como describe el popular documental de Netfix “The social dilemma”, las aplicaciones digitales tienen el incentivo de mostrarnos contenido que ratifique nuestras posiciones. Esto es doblemente grave si consideramos que las personas, sobre todos los más jóvenes, se informan fundamentalmente por esa vía. Los medios de comunicación tradicionales cumplen un rol de filtro insustituible, que debemos valorar y promover. 

A su vez, el nuevo sistema electoral y la llegada del Frente Amplio –y su asambleísmo universitario- al Congreso– han contribuido a intensificar el fenómeno. En su concepción están “ellos”, que son monopolio de virtud y tienen la misión de empujar cambios irreversibles para lograr “justicia social”, un concepto líquido que muchas veces esconde fracasadas recetas colectivistas. Por otra parte, ven al centro y a la derecha como un depósito de intereses malignos, encargados de defender un orden social que está destinado al fracaso. Creen que todo lo que se haga en nombre de la igualdad es bueno, que la destrucción del poder contribuye a ese propósito y que el “del frente” es el enemigo.

Si queremos darnos una Constitución que nos represente a todos y que cumpla con su rol de organizar el poder, proteger los derechos fundamentales y permitir la implementación de distintos programas de gobierno según lo decidan las personas en elecciones periódicas, debemos afrontar múltiples desafíos. Me detendré en dos.

En primer lugar, un desafío procedimiental. Para la Convención hay que establecer reglas que permitan la negociación. Enfrentando la correción política, deben haber instancias, especialmente las comisiones de trabajo, que no sean públicas, de modo tal que se pueda convencer y transar. De lo contrario, la Convención puede transformarse en un reality show, avivado por las funas y la simplificación interesada del debate para alimentar a las barras bravas de cada cual. Ciertamente, los plenarios deben ser públicos y, para la historia fidedigna, deben quedar actas de todo el trabajo de la Convención.  

Además, se debe evitar cambiar las reglas electorales luego del plebiscito. La ciudadanía votó por la Convención Constitucional de 155 ciudadanos electos.  Cambiar su composición y número de integrantes –como han sugerido parlamentarios de oposición y el alcalde Sharp- es atentar contra esa voluntad soberana y sentaría un preocupante precedente: el Congreso podría influir en el funcionamiento de la Convención y ninguno de los aspectos del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” están asegurados.

En segundo lugar, un desafío de fondo. Superadas la caricaturas vistas en la campaña, ahora debemos responder a la pregunta fundamental de qué Constitución queremos. Más que con su texto, la cuestión tiene que ver con su ethos, con responder a cuál es la relación entre las personas y el Estado. La mayoría del espectro político debiera considerar que la persona es anterior y superior al Estado. Que el Estado está al servicio de la persona, y no al revés. Que debe respetar nuestra libertad y auxiliar a las personas y organizaciones de la sociedad civil que lo necesiten, para lo cual urge su modernización. En esto debiera haber más acuerdo del que la polarización sugiere.

La Constitución no es una carta de deseos. Es un marco que busca organizar y limitar el poder en favor de los ciudadanos. Si queremos que el proceso no fracase debemos partir de la buena fe y entender que el que está en la otra vereda puede legítimamente tener una visión de justicia distinta de la mía, lo que no lo hace mejor o peor persona. En definitiva, que el mundo no está dividido entre buenos y malos.

*Publicado por El Mercurio de Valparaíso el 1 de noviembre de 2020