Moralización inmigratoria

Por Maximiliano Duarte

Investigador Fundación P!ensa

Actualmente se tramita en el Congreso la ley sobre inmigración, iniciativa que lleva dando bote desde el año 2013, y que a raíz de la pandemia ha vuelto a estar en el centro de la discusión pública. El último hito sobre el particular tuvo lugar la semana pasada, a través del rechazo de una indicación presentada por dos senadores de esta región que permitía a cualquier extranjero, que llegara a la frontera, solicitar una visa para buscar trabajo durante 90 días. El famoso “turismo laboral”.

Al calor de la discusión, los congresistas a favor de la propuesta acusaron a sus colegas disidentes de racistas y xenófobos. En resumidas cuentas, les atribuyen una articulación comunicacional que tendría por objeto exacerbar el sentimiento nacionalista a través de una retórica que caricaturiza a los inmigrantes, imputándoles todas las desgracias habidas y por haber. Todo ello para obtener réditos políticos en el corto plazo.

Esta acusación cuenta a su favor con un hecho de la causa. A nivel internacional, el relato nacionalista y anti inmigración ha servido para desplegar campañas populistas efectivas a los intereses de ciertos sectores de extrema derecha. Sin perjuicio de ello, es posible advertir que este diagnóstico es insuficiente, ya que desconoce el contexto preciso bajo el cual hoy se lleva a cabo la deliberación. Dicho de otra manera, ¿es lo mismo discutir la pertinencia de un beneficio inmigratorio en circunstancias normales que discutirlo en una crisis sanitaria y económica sin precedentes? Creo que no.

A estas alturas, en nuestro país la pandemia se ha llevado por delante más de 13 mil vidas y casi 2 millones de empleos. Por tanto, más allá del oportunismo -que siempre acecha en todo el espectro político-, lo cierto es que hay razones fácticas lo suficientemente poderosas para analizar con cautela cualquier laxitud normativa que decante en una situación inmigratoria descontrolada. Basta con ver el contexto internacional, donde la tendencia indiscutible ha sido restringir la entrada de extranjeros esperando un repunte en los indicadores sanitarios.

El factor económico, por su parte, es un asunto que excede cualquier análisis simplista que atribuya el temor ciudadano a una campaña comunicacional por parte del oficialismo. ¿No es acaso plausible que esos miedos surjan como una reacción natural ante cifras que denotan una crisis económica sólo comparable con la de inicio de la década de los 80?

El punto es que estos congresistas -que apuntan con el dedo a quienes, bajo su lógica, carecen de tacto humanitario- parecen desconocer las pulsiones y nerviosismo de su electorado. A fin de cuentas, quienes generalmente sufren la angustia de la cesantía y la pobreza son los sectores más desamparados, los mismos cuya representatividad se arrogan estos líderes. En este contexto, no deja de ser llamativo que un senador de la zona sacara en cara al gobierno su paupérrima aprobación en las encuestas para criticar un eventual veto presidencial. Pues bien, si nos apegamos a esa lógica, probablemente nos llevemos la sorpresa de que esos mismos encuestados manifiesten un amplio respaldo a una inmigración más controlada.

Por otro lado, un elemento que no puede pasar desapercibido dice relación con el factor territorial. De los seis senadores de oposición que se cuadraron con la postura del gobierno, la mitad de ellos representan a regiones del norte que han visto aumentado significativamente el número de casos de inmigración ilegal. El asunto, entonces, parece repercutir de manera distinta dependiendo de la zona en la cual se analiza el fenómeno, salvo, por supuesto, que lleguemos a la precaria conclusión de que estos parlamentarios simplemente son racistas.

La cuestión migratoria debe ser analizada desde una perspectiva lo suficientemente amplia que permita ponderar las legítimas preocupaciones de la ciudadanía, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Es deber de la política realizar ese ejercicio comprensivo y apaciguar estos temores mediante políticas públicas bien pensadas y ejecutadas. No legislando imprudentemente detrás de un escudo moralizante.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 10 de octubre de 2020