Pedro Fierro
Director de Estudios
“Siendo las 23:10 horas, abrí las dos válvulas del estanque de petróleo (…) calculando que en aproximadamente 40 minutos se realizaría la carga completa al generador (…); sin embargo, me olvidé del procedimiento, acordándome de ello a las 00:10 horas”.
Con esas sencillas palabras el funcionario de Essal describió su error. Error que terminó con 11 días de interrupción del servicio sanitario en Osorno, el periodo más extenso debido a una falla humana. El resto de la historia es conocida. Una de las mayores emergencias sanitarias vividas por nuestro país en los últimos años; una empresa que reconoció su falta de agilidad; la entrega de información confusa y las decisiones erráticas por parte de privados y autoridades.
Pero ya habiendo pasado tiempo desde que las aguas se calmaran, es posible desprender varios elementos de esta crisis. En primer lugar, nos encontramos con la ya reiterada acusación de centralismo. Si la crisis hubiera sucedido en Providencia o Las Condes las reacciones hubieran sido muy distintas. En segundo lugar, podemos identificar ciertas dificultades asociadas a la fiscalización. Tanto el ministro como el superintendente reclamaron una evidente falta de recursos para desempeñar estas funciones. Y, en tercer lugar, nos topamos con la articulación de una crítica subyacente al sistema de concesiones, la cual se ha agudizado en los últimos días.
En sencillo, el grotesco error de Essal ha llevado a algunos actores políticos a criticar el rol de los privados en la provisión de bienes públicos, amparándose en la ineficiencia e irresponsabilidad. ¿Cómo un bien tan preciado y esencial como el agua (léase educación, salud o carreteras) puede quedar en manos de estos inescrupulosos empresarios?, se preguntan algunos con cierta cuota de superioridad moral.
El gran problema, sin embargo, es que esta crítica, ciertamente ideológica, se aleja olímpicamente de la realidad.
Aclaremos. Essal cometió un error inaceptable que debe ser sancionado, incluso, con el término anticipado de la concesión, tal como lo ha sostenido el mismo ex presidente Lagos y algunos juristas. Sin embargo, resulta francamente irresponsable banalizar el problema con meros fines políticos.
Gracias al sistema de concesiones se han logrado abordar una serie de desafíos en nuestro país. De acuerdo al último informe de gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la cobertura de agua potable en territorios urbanos concesionados es de un 99,97%, mientras que la cobertura de alcantarillado alcanza un 97,15%. Estas cifras se replican cuando hablamos del tratamiento de aguas servidas, el cual pasó de tener una cobertura de 82,7% en 2008 a una de 99,97% en 2017.
Los avances que ha experimentado Chile en los últimos años han hecho que la OCDE nos sitúe al mismo nivel que Australia, Singapur y USA en cuanto a saneamiento y cobertura de agua potable. Incluso, el organismo internacional (al que algunos políticos acuden cuando les conviene) nos posiciona por sobre países como Finlandia y Alemania. Y todo eso, con una tarifa bastante inferior al promedio. Piense que, hoy en día, usted tiene la posibilidad de llenar una botella de un litro con agua de la llave y tomarla. Todo por menos de 2 pesos. ¿Se atrevería a hacer eso en algún otro país de Latinoamérica?
Tirar la cadena a la industria sanitaria es la salida fácil y populista. Sin embargo, lo que se esconde es un discurso ideológico que -para variar- no es amparado por la realidad. El error de Essal es inaceptable. Una empresa que tiene que recurrir a una piedra para ajustar sus medidores puede bien ser calificada de “penquita”. Sin embargo, para poder aplicar las sanciones correspondientes primero hay que sincerar los datos y las verdaderas intenciones que nos mueven. Sólo así tendremos un sistema aún más robusto.
*Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 28 de Julio de 2019