¿Por qué jóvenes del 20% más rico del país deberían recibirlo?

Por Gonzalo García Cañete

Investigador de Fundación P!ensa

Desde el año 2007 se ha venido discutiendo sobre los ingresos de los trabajadores en nuestro país. Esta conversación ha tomado fuerza nuevamente, en un contexto en el que la pandemia y el estallido social evidencian importantes problemas que nos aquejan. Uno de ellos es la imposibilidad de llegar a fin de mes y tener que endeudarse para salir adelante, transformándose en un círculo vicioso para las familias.

Es por lo anterior que últimamente se han puesto sobre la mesa distintas iniciativas para enfrentar este problema. La más reciente es la propuesta de un ingreso mínimo garantizado—o, como se le llama técnicamente, “impuesto negativo sobre la renta”—. La medida, liderada por Juan Sutil, parece ser una interesante noticia a la cual hay que poner atención.

El ingreso mínimo garantizado es una remuneración que recibe toda persona que trabaja con contrato. Piense usted que el sueldo mínimo garantizado es de 450 mil pesos. Si una persona gana 300 mil pesos, está bajo ese umbral. Entonces, el Estado subsidia a ese trabajador hasta llegar a la cifra determinada.

Pero, no todo es perfecto. Como se puede sospechar, la carga de esto se la lleva el Estado. Por lo tanto, la pregunta a resolver es ¿de dónde se sacan los recursos para implementar esta medida? El presidente de la CPC sugiere que se recorten dineros de los programas sociales. Esto podría ser un error, porque esas iniciativas precisamente tienen focalización en los más pobres. ¿Se justifica cambiarlos por esta medida? No es tan sencillo de saber si consideramos que es posible que la nueva iniciativa no tenga mayor impacto en aumento de la productividad o bienestar social.

En paralelo, hay otra propuesta de la que también se ha hablado últimamente: el Ingreso Básico Ciudadano (IBC). Básicamente, se trata de un ingreso universal—para todos—que paulatinamente va subiendo de valor, dependiendo de ciertas condiciones.  En rigor, se llama Ingreso Básico Universal y, al igual que el Ingreso Mínimo Garantizado, es una medida que se usa en diferentes partes del mundo.

El problema del Ingreso Básico Ciudadano es precisamente su universalidad. Se propone como un derecho, pero ¿por qué personas jóvenes que están dentro del 20% más rico del país debe recibirlo?  Por otra parte, también tiene el problema de dónde, el Estado, saca los recursos para financiarlo. Se sugiere, usualmente, recabar más impuestos. Sin embargo, esto podría ser problemático en un sistema tributario que se encuentra particularmente presionado, generando un desincentivo a la inversión.

Ahora bien, la lógica que siguen ambas propuestas es disminuir la pobreza. En algunos casos equiparar ingresos por género o solucionar problemas tan graves como el hambre infantil. Pero pese a lo positivo y estimulante de la discusión que se ha abierto, no debemos olvidar que la pobreza y las desigualdades no solo se miden desde la perspectiva del ingreso, sino que también desde otras dimensiones tanto más importantes. Por lo tanto, para ejecutar estas medidas necesariamente debemos repensar otras, tales como el equilibrio fiscal, el incentivo al trabajo formal, el control de la inflación e, incluso, las políticas de vivienda.

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 7 de febrero de 2021