Manuel Diaz, investigador Fundación P!ensa
El miércoles 27 de julio el presidente presentó su gran plan del “fin al copago” en los tramos C y D de Fonasa, el cual beneficiará a 5.4 millones de personas. Fuera de la polémica del discurso, los que podrían ser con tintes de intervencionismo electoral, hay otra cuestión en torno a la política de salud que ha pasado desapercibida.
Actualmente, y tal como fue reporteado en el medio nacional Mega, Fonasa ha dejado de financiar los trasplantes entre personas vivas – como los de hígado y riñón-, lo que significa que decenas de pacientes que lo necesitan ahora deberán costear de su bolsillo una operación que asciende a más de 100 millones de pesos. ¿La razón? Inexistencia de fondos para costear estas cirugías.
Por cierto, esta decisión deja desconcertados a un número importante de compatriotas que ven en esa decisión su propia sentencia de muerte. Pero a esa decepción también podemos sumar una pregunta de fondo: ¿Cómo es que el gobierno puede financiar el fin del copago si dice no tener dinero para cubrir operaciones de trasplante?
Si la decisión del ejecutivo en orden a eliminar el copago implica dejar de financiar estas cirugías, entonces estamos ante un problema grave. Porque aquí el gobierno no se encontraba ante el problema de “sacrificar a pocos para salvar a muchos” que se estudia en clases de ética (como el famoso trolley problem); por el contrario, son ellos mismos quienes habrían cerrado una puerta para abrir otra.
Hay un número importante de autoridades y comentaristas denunciando que la agenda del gobierno está volcada hacia la aprobación de la propuesta de la Convención, e incluso se han filtrado minutas del ejecutivo que vinculan los planes y declaraciones del presidente con los ejes discursivos de campaña. De ser así, entonces estaríamos ante lo que Adorno y Horkheimer describen como la razón instrumental, esto es, la racionalidad enfocada en encontrar los medios más eficientes para lograr un fin, sin considerar si este fin es bueno o malo y, en este caso, volcado a un fin electoral.
El problema de este tipo de lógica -que parece invadir desde hace algún tiempo a nuestras autoridades- es que impide sostener lo coherencia del discurso político. ¿Cómo vamos a creer que el gobierno piensa que la salud es esencial para las personas si al mismo tiempo deja a la deriva a quienes necesitan atención urgente? No vaya a ser que los temores de quienes rechazan la propuesta constitucional se anticipen y ahora tengamos chilenos de primera y de segunda categoría: Aquellos que potencialmente podrían votar apruebo y dar vuelta las encuestas, y los que no.