Probidad: ¿más O Menos Estado?

Mucho se ha discutido en los últimos meses sobre dos temas en Chile: los casos de irregularidad y corrupción -que han sacudido al país uno tras otro-, y el rol que le cabe al estado -ya sea en el plano de la educación primaria, secundaria y universitaria, como en el plano de las cargas impositivas etc.-, en la sociedad chilena. Algunos estudios -entre otros del Banco Mundial- sugieren una relación de causalidad entre un estado grande, o si se quiere abultado, y altos niveles de corrupción. Esta vinculación es importante, porque la pregunta subyacente es: ¿más o menos estado?, ¿depende el grado de corrupción de un país el tamaño del estado?

Una mirada a otras latitudes arroja algunas luces. Una constatación interesante es que los estados escandinavos, no obstante el considerable aparato estatal que detentan, se ubican en los primeros lugares de los índices de probidad mundial. ¿Cómo se explica esto? Además de las altas exigencias que impone la legislación, la corrupción ha sido mantenida a raya en esos países gracias a la participación pública en el sistema político-institucional, a los mecanismos de transparencia y a la desclasificación de información. También incide lo que se denomina “sistemas de integración nacional”. Esto es, el compromiso de los líderes políticos en el combate a la corrupción, pero también una serie de características societarias vinculadas a bajos índices de corrupción: un alto ingreso per cápita, bajos niveles de desigualdad, un nivel de alfabetismo próximo al 100%, así como libertad de prensa e información.

Ciertamente, inciden también factores históricos: la larga y arraigada tradición de “gobierno abierto”, la cultura cívica y la confianza social, la existencia de mecanismos de rendición de cuentas públicas que permiten a los ciudadanos hacer responsables a los políticos de sus decisiones y acciones. Raya para la suma, ¿qué funciona bien en los estados escandinavos? Uno, la desclasificación de información presupuestaria así como el acceso público a ella, que impide la malversación y la apropiación indebida de fondos públicos. En Suecia, por ejemplo, los ciudadanos no sólo pueden acceder a toda clase de información de gobierno, sino que pueden evaluar la administración que hace el gobierno de los recursos públicos. Dos, los códigos de comportamiento y de ética de los funcionarios públicos. Dinamarca obliga a sus ministros a transparentar mensualmente información relativa a gastos, viajes y donaciones. Tres, un cuerpo legal que criminaliza una gama amplia de actos de corrupción -o rayanos en ella- así como un poder judicial independiente y eficiente.

Lo anterior muestra que los niveles de corrupción que presenta una sociedad no parecen estar vinculados de modo causal al tamaño del estado en un país. Sin perjuicio de lo anterior, lo que sí aparece como elemento relevante es el factor histórico: ahí donde hay una larga tradición de transparencia -como en el caso de Suecia- y la probidad está más asentada, ésta es más inherente al ethos cultural de un país. Así y todo, el factor cultural, de ningún modo despreciable, no concluye, sin embargo, automáticamente en un determinismo cultural.

La buena noticia es que este modelo de probidad y transparencia es transferible e imitable. Lo demuestra el caso de Singapur que en los últimos años ha logrado ubicarse en el “top ten” de transparencia mundial. El modelo de confianza pública, transparencia y capital social también puede ser adoptado por Chile. Y esto en todos los niveles: a nivel de gobierno central, del poder legislativo, de los gobiernos regionales y -también ahí donde menos se ha destapado una corrupción campeante- de los gobiernos comunales. Con todo lo perfectible que pueden ser, algo avanzan en esa dirección las propuestas de la comisión Engel.