Proceso constitucional: P!ensa lanza propuesta constitucional sobre macrorregiones

En el debate constitucional hay intenciones de descentralización, pero se sigue trabajando sin propuestas concretas ni criterios claros para ayudar al proceso. Por ello, como fundación encargada de preocuparse de los ejes centrales del bienestar ciudadano, redactamos una propuesta regional.

Para redactar una nueva constitución es sumamente importante conocer la problemática que sigue existiendo actualmente, por esto recogimos el momento histórico que vivimos, pero también la historia previa para entender la forma en que este proceso ha sido llevado anteriormente, y así poder formar un país más justo con sus regiones. Prácticamente todos los candidatos a la convención constitucional nombraban la descentralización como bandera de lucha, pero son muy pocos los que parecen entender la magnitud del desafío a nivel constitucional. Es en este momento que al elaborar nuevas leyes constitucionales demuestren su interés descentralizador y propuestas consignadas a este proceso.

Las movilizaciones sociales iniciadas en octubre del año 2019 en Chile, dieron cuenta de una de las crisis sociales más acentuadas que ha experimentado el país en su historia, y sin duda la más compleja desde el retorno a la democracia, donde una de las razones la desigualdad territorial tiene rostro de región. El excesivo centralismo, a todo nivel, ha contribuido significativamente a profundizar esta desigualdad territorial que experimenta nuestro país, y particularmente nuestras regiones.

No habrá solución a la profunda crisis de desigualdad y trato en el país, si no hay solución también a las comunas y regiones, pues la desigualdad territorial agrava y agudiza las desigualdades sociales, donde ya la Capital no sea el único centro de importancia en el país. Para ello, nuestra propuesta de valor se basa en realizar un análisis histórico y constitucional de la forma en que éstas han sido definidas y creadas, para luego, proponer una estructura y criterios que ayuden a definirlas de manera robusta a lo largo del territorio. Para ello, utilizamos factores empíricos a través de variables geográficas, demográficas, socioeconómicas y económicas dentro de nuestro análisis como el porcentaje urbano y de pueblos originarios, además de años de escolaridad, pobreza, ingresos a nivel de población y de competitividad en empleo y crecimiento económico a nivel regional.

Acoger una propuesta como la que ofrecemos no sólo cambiaría el paradigma de la división territorial del poder, disminuyendo la brecha entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones, sino que además permitiría realizar diagnósticos espaciales más certeros, maximizando el impacto de las políticas públicas con impacto territorial. Ello se aprecia, por ejemplo, en las políticas de ordenamiento territorial o de fomento productivo, las que deben considerar una adecuada dimensión geográfica y los clústeres económicos desplegados en el espacio, permitiendo generar economías territoriales propias para cada región. Tenemos la convicción que, con ello, el proceso de descentralización adquiere más peso ya que este trabajo es compatible con propuestas asociadas a la transferencia de poder, recursos y competencias ya que contar con territorios definidos con una lógica clara permite disminuir la burocracia y distribuir de manera menos dispersa y más efectiva recursos, lo cual implica una mejor focalización en políticas públicas que son territoriales.

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