Redes sociales y propaganda: Más allá del financiamiento

Por Pedro Fierro Zamora

Director de Estudios de Fundación P!ensa y Académico UAI

Es una realidad que la propaganda por redes sociales estará regulada con miras al plebiscito del próximo 25 de octubre. Contra reloj, se ha dispuesto que las plataformas digitales deberán informar al Servel de los contratos que tengan con partidos políticos, ONGs y parlamentarios independientes. Sin embargo, esta relevante noticia, inédita en Chile, presenta una serie de problemáticas que deben ser visibilizadas en el debate.

Recordemos que, hasta la fecha, la publicidad electoral realizada por redes sociales no estaba regulada en nuestro país. Los antecedentes sobre el tema son relativamente recientes. El año 2016, el Servel publicó su emblemático “Manual de Consulta de Campaña y Propaganda Electoral”, estableciendo sorpresivamente que los medios digitales y las redes sociales se encontraban prohibidas para los candidatos. Esta absurda medida duró sólo un día. A través de un comunicado, el mismo presidente ejecutivo del órgano autónomo estableció que las acciones realizadas a través de redes sociales serían entendidas como comunicaciones entre privados, por lo que no implicarían propaganda (ergo, se admitían para esas elecciones municipales sin regulación alguna). En aquella oportunidad, sin embargo—y muy en línea con lo que se acaba de legislar—, el Servel aclaró que el gasto realizado por publicidad en estas plataformas digitales sí debía ser rendido. Esta interpretación es la que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Es difícil criticar la lógica que subyace a la argumentación entregada por el Servel hace cuatro años. Probablemente el organismo sólo intentó suplir—como se pudo—una ley anacrónica claramente insuficiente para los tiempos que corren. Pero aún así, la argumentación se basa en un supuesto peligroso que sigue permaneciendo hasta estos días: que las redes sociales representan un acto de comunicación entre privados, salvo cuando se contrate publicidad. Tal como ha sido reconocido en la literatura, plataformas como Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y otros, tendrían un impacto democrático considerable, ya sea por incidir en una propensión al activismo, por cambiar las dinámicas de generación de contenido político o por impactar en el paradigma de acceso a la información cívica y política.

Lo anterior implica que, de alguna u otra forma, la legislación de campaña deberá hacerse cargo más temprano que tarde de una serie de aspectos esenciales, que van mucho más allá del financiamiento. La desinformación en línea—sólo por poner un ejemplo—es uno de ellos. Al disminuir la intermediación, las nuevas herramientas permiten difundir en pocos minutos noticias o mensajes con fuerte incidencia electoral. Algo de eso ha sido denunciado a raíz del bullado caso de Cambridge Analytica. Lo que debe comprender el legislador, sin embargo, es que hay varios aspectos que pueden ser regulados, sin necesariamente depender de miles de fiscalizadores digitales.

Como han señalado algunos expertos, las redes sociales presentan orgánicas propias que hacen posible una regulación adecuada. Al respecto, Michael Bossetta destaca el caso de las elecciones de India del 2019, donde WhatsApp implementó un nuevo límite para reenviar mensajes, pasando de 256 contactos a sólo 5. Así, la misma aplicación buscaba hacer frente a los problemas de desinformación que habían sido denunciados en procesos de otros países.

A principios de año, y adelantándonos a algunos de estos problemas, en Fundación P!ensa publicamos un documento titulado “Nueve medidas esenciales para modernizar las campañas electorales y fomentar la afección política”. Más allá de las medidas sugeridas, el diagnóstico insinuaba la existencia de una regulación deficiente que dejaba muchas puertas abiertas en la regulación de redes sociales. La interpretación del Servel a la que nos referimos se entiende, de hecho, en ese sentido. Por lo mismo, lo preocupante no es el carácter reactivo de la legislación que se ha tramitado—después de todo, eso es algo propio a las regulaciones de nuevas tecnologías—, sino más bien aprobar una reforma apresurada y discutida sobre la marcha. Recién esta semana, un día antes de comenzar las campañas del plebiscito, pudimos conocer los alcances del proyecto que se votó. Todo esto denota la falta de relevancia que se le da a un tema tan esencial para cualquier democracia moderna. Así, difícilmente daremos con una normativa que promueva la confianza y participación.

*Publicada por Radio Cooperativa el 1 de septiembre de 2020