Voto obligatorio

Por Francesca Zaffiri Suzarte

Investigadora en Fundación P!ensa

Ad portas de legislar para reponer el voto obligatorio en el país, debido a la sostenida abstención electoral que sólo fue superada en el plebiscito de octubre, se extraña en la discusión legislativa un diagnóstico que vaya más allá de lo evidente y que intente darle más contenido al propósito de eliminar la voluntariedad del sufragio. Esta ausencia amerita ser abordada o, de lo contrario, el voto obligatorio podría llegar a ser igual de contraproducente a lo que terminó siendo el actual régimen electoral, convirtiéndose en un mecanismo de evasión a problemas de representación mucho más profundos.

Partamos del inicio. Una de los principales fundamentos por los que, a partir del 2009, se comenzó a plantear la idea de cambiar el sistema de inscripción voluntaria con voto obligatorio, era la abstención electoral. Las cifras de participación no superaban el 60% del padrón electoral y, asimismo, las generaciones jóvenes no estaban inscribiéndose para formar parte de éste. Se pensó que, bajo voto voluntario, los partidos políticos tendrían mayor incentivo para atraer al votante a las urnas, robusteciendo de esa forma el vínculo partidista-elector. No obstante, la realidad superó a la ficción y se cumplieron las advertencias que hicieron los expertos antes de que, de todos modos, los parlamentarios aprobaran la reforma constitucional el 2009.

La experiencia comparada indica que, ante escenarios de voto voluntario, los estratos sociales bajos de la sociedad quedan subrepresentados en el sistema político. Pues son quienes tienen niveles educacionales más altos, con pocos problemas para acercarse a los locales de votación y con más interés en política, quienes no necesitan de una sanción para acudir a las urnas. Si bien es ingenuo argumentar que este sesgo de clase podría eliminarse bajo un sistema de voto obligatorio, si es posible afirmar que se profundiza cuando el voto es voluntario. El problema de ello es que el concepto de representación termina deformándose pues, en vez de incorporar demandas de la ciudadanía al sistema político, terminan diseñando políticas públicas que toman en cuenta a los grupos que efectivamente participan. Esta suerte de oligarquización del funcionamiento democrático no hizo más que vaciar el concepto de representación que caracteriza a las democracias. Y con ello, ahondó en el problema de origen de la abstención electoral: la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía.

Ante la inminente discusión sobre el retorno del voto obligatorio, cabe preguntarse si la crisis de representación se soluciona poniendo un incentivo negativo a los votantes. Ciertamente sufragar es un derecho que, como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir, mas es ingenuo creer que la participación aumentará sin más si es que se implementa el voto obligatorio. Si bien la legitimidad de los procesos se robustecerá, no sorprendería que crezcan los votos nulos y blancos, así como las excusas legales para no participar. Pues en la discusión no se está tocando el tema de fondo, que es el por qué la gente no acude a los centros de votación; el hecho de que las personas no se sienten representadas por los partidos políticos tradicionales, tampoco confían en ellos, y que, en general, los candidatos no terminan de convencer al votante con sus propuestas. E incluso si lo logran, los electores pueden vivir lo suficientemente lejos de su local de votación. Queda esperar que la discusión que se dará en el Congreso contemple estas materias pues, a fin de cuentas, si bien el voto obligatorio es necesario para que los chilenos se involucren, no es suficiente para incentivarlos a tomar la decisión de participar. En otros términos, no es una panacea para recuperar la legitimidad de la representación.  

*Publicada por El Mercurio de Valparaíso el 13 de junio de 2021